Obra pública: denuncian pocos jugadores y acuerdos directos

La provincia también acumula denuncias y pedidos de informes por empresas que monopolizan las obras financiadas por el Estado, adjudicaciones directas y algunos casos de sobreprecios. El Hospital Iturraspe en Santa Fe y el programa Sueño Compartidos en Rosario, dos casos emblemáticos

Los desmanejos en la obra pública es, quizás, lo más irregular del kirchnerismo en sus doce años de gestión. El promedio de sobreprecios es del 50 por ciento, según denuncian desde al actual gobierno.

Las irregularidades salpican también a las administraciones provinciales. En el caso de Santa Fe, las críticas de las fuerzas opositoras apuntan a la concentración de obras en muy pocas firmas, adjudicaciones directas sin licitaciones previas y casos de sobreprecios que nunca se aclararon.

El ex diputado provincial y hoy concejal de Rosario, Eduardo Toniolli (FpV), habla de un “festival de adjudicaciones” y de “beneficios a dedos” para firmas cercanas al Frente Progresista Cívico y Social. Pone bajo la lupa a la empresa Pecam S.A, que de manera individual o a través de una sociedad UTE (Unión Transitoria de Empresas) participa desde hace un tiempo en muchas de las obras de la provincia.

“Con esta empresa han mantenido una práctica sistemática y sostenida de adjudicaciones directas por montos millonarios. Estamos hablando de arreglos fuera de toda normativa. Lo denunciamos públicamente y pedimos informes, pero siempre han esquivado el bulto”, afirma Toniolii.

Antes de dejar su banca, solicitó explicaciones por una adjudicación directa (Decreto 2671 del 18 de agosto) por un monto de 56 millones de pesos en el marco del Plan Abre. “Es una forma de operar que está instalado y naturalizada”, subraya.

En la página web de la compañía, hay un extenso listado de 54 obras con financiación pública -algunas finalizadas y otras en ejecución-, de las cuales 26 pertenecen a complejos habitacionales (por un total de 566 millones de pesos), 11 a infraestructura y saneamiento (380 millones), 11 a remodelaciones arquitectónicas (94 millones) y 6 trabajos en distintos inmuebles vinculados a las áreas de Salud y Educación (147 millones).

En ejecución figuran el Acueducto Norte, la pavimentación de Roldán, cloacas en barrios como Parque Casas y Fisherton; y viviendas en Rosario, Cañada de Gómez, Las Parejas, Casilda y Venado Tuerto, ente otros trabajos.

La firma forma parte además de la concesión de la autopista Rosario-Santa Fe y años atrás ganó la licitación para construir el Puerto de la Música, obra faraónica diseñada por el prestigioso arquitecto brasileño Oscar Niemeyer que terminó naufragando en medio de disputas políticas.

El concejal Carlos Cardozo (PRO) sostiene que sería “más sano para la transparencia que el Estado tengo más proveedores”. “No sé cuál es la razón de la concentración. No necesariamente que una empresa tenga muchos contratos con el Estado es sinónimo de corrupción. Pero sería bueno abrir el juego”, señala.

El edil asegura que, por ejemplo, las irregularidades en la concesión de la autopista marca que “hay mecanismos que tienen que ser revisados” debido a que “muchas contrataciones ha resultados cuanto menos insuficientes”.

“El gobierno de Binner entregó la autopista sin licitación por seis meses. Después se llama a licitación, se adjudica y se programan un montón de obras a concretar por la empresa ganadora. Y ahora la provincia dice que tiene que utilizar plata propia para hacer estas obras. Es ridículo”, se queja.

 

Casos emblemáticos

Este mes, comenzará la cuarta etapa en la construcción del Nuevo Hospital Iturraspe de Santa Fe, obra que empezó a ejecutarse en 2009 y aún continúa en marcha pese a proyectar su finalización para fines del 2012. En 2013, el diputado provincial Mario Lacava pidió explicaciones por un sobreprecio del 58% en la licitación del segundo tramo de la obra.

Según la denuncia de Lacava, el gobierno provincial le pagó a la empresa Pecam S.A 25 millones setecientos mil pesos en concepto de la segunda etapa de la construcción del hospital cuando la adjudicación contemplaba la suma de 15 millones setecientos mil pesos.

El legislador explicaba que los ajustes no se correspondían con los índices de actualización oficiales, dado que el índice de la construcción para el IPEC en ese año fue del 20% y el aumento superó el 35%. Las aclaraciones nunca llegaron a la Cámara Baja.

El proyecto Sueños Compartidos, en Rosario, un plan de urbanización que también levantó sospechas por cómo se manejó el municipio en el proceso de contratación. El financiamiento del proyecto lo sostenía el Ministerio de Planificación a cargo de Julio de Vido, quien adjudicaba los fondos de forma directa a la fundación administrada por las Madres de Plaza de Mayo y el abogado Sergio Schoklender.

Tras el escándalo, las obras se paralizaron y fue la Municipalidad, con el aval del Concejo Deliberante, quien le otorgó, a través de otra contratación directa, la culminación de la primera etapa a Pecam S.A. La misma modalidad se repitió en las siguientes etapas.

“La contratación directa para la culminación de la primera etapa está bien porque las obras estaban atrasadas, pero ¿qué necesidad había de realizar otras dos adjudicaciones a la misma empresa sin previa licitación?, se pregunta Cardozo.

Por este caso, el gobernador Miguel Lifschitz, por aquel entonces intendente de la ciudad, fue citado a indagatoria por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la investigación. “La Municipalidad no manejó dinero”, se defendió el mandatario al enterarse de la noticia, aunque no dio detalles sobre la modalidad de contratación.

Fuente: Rosario Plus

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