Tuvieron un niño en guarda casi dos años y les denegaron la adopción

Tuvieron un niño en guarda casi dos años y les negaron la adopción. El matrimonio se había anotado como familia solidaria por seis meses, pero pasado el tiempo manifestó su interés por adoptar al pequeño

En la ciudad de Santa Fe otra vez estalló la polémica entre las autoridades del área de la Niñez y una familia sustituta que se encariñó con un menor en guarda. Pese a que no podían tenerlo más de seis meses, el Estado se lo dejó olvidado en ese hogar hace casi dos años. La familia sustituta había firmado al momento de recibir la criatura un compromiso aceptando que no podría aspirar a una adopción. Pero la situación cambió radicalmente luego de dos años de estar a cargo de la menor.

Ayer, el matrimonio integrado por Sergio Gigliotti y Cristina Morla restituyó a la Subsecretaría de Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes al niño de tres años que le habían depositado en guarda hacía casi dos años en el marco del programa provincial de Familias Solidarias.

Se vivieron momentos desgarradores de angustia y llanto en la puerta del organismo, donde un grupo importante de vecinos acompañó al matrimonio con una marcha de apoyo. La prensa siguió las alternativas del caso que, como otros, conmovió a la ciudad y alimentó los debates y los posicionamientos de los santafesinos.

La familia solidaria supo siempre que no podría aspirar a ser adoptante y al inscribirse como tal incumplió la ley y rompió su compromiso. ¿Alcanzan las falencias del organismo estatal para convalidar su nueva conducta contraria a la ley vigente?

La Subsecretaría de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes (junto con la ausencia absoluta de los controles que sobre el área deberían actuar) es un espacio del Estado provincial que los santafesinos, al menos en la capital, miran con desconfianza y no sin cierto prejuicio.

Es que no han sido pocos los casos como el de los Gigliotti que han conmovido a la polémica pública. En casi todos alguna falencia estatal fue la génesis en el devenir de los hechos en esas situaciones, siempre complejas porque los afectos no entienden de plazos ni prescripciones legales.

Un caso conmovedor

La duda que asalta a muchos, y pone a flor de piel la indignación, es si esa garantía funciona o no. En noviembre de 2016, un caso conmocionó a la ciudad de Santa Fe y a todo el país: Nicolás Almada fue asesinado a golpes por el padrastro. Tenía cinco años, fue tan ferozmente golpeado que la autopsia revelaría que tenía todos los órganos destrozados.

El detalle que enardeció fue la ineficacia estatal, cuando a sabiendas de que hay un menor torturado por sus propios padres no hizo nada. Nicolás debía estar a resguardo estatal desde hacía un año. Una madrugada de octubre de 2015, en medio de una tormenta de lluvia y viento, una policía lo encontró en calle llorando. Se había escapado de la casa tras recibir un brutal castigo.

Este incidente reverdeció en las últimas horas en los debates de los medios. Está muy presente en la memoria de la ciudad. Y el caso Gigliotti sirvió para reanimar la desconfianza en las autoridades del área que no son las mismas que estuvieron cuando mataron a Nicolás. Aceptaron “que el Estado se demoró” al dejar al niño con los Gigliotti más allá de los seis meses legalmente permitidos, pero que “no hubo abandono del Estado”.

Dilaciones “contempladas”

La directora de Niñez de la zona centro-norte, Mónica Barroso, negó que los plazos no se hayan cumplido, y añadió que las dilaciones están contempladas en la firma de acuerdo del Programa Familias Solidarias. Lo que Gigliotti, a quien el ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, se negó a recibir, negó. Pero Andrea Travaini, Subsecretaria de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, reconoció que hubo una extensión de los plazos, pero dijo que no fue por responsabilidad de esa dependencia.

“No son tiempos administrativos, hay una parte que nos corresponde a nosotros y otra es responsabilidad del Poder Judicial”, comentó. En este caso, las demoras se debieron a que no se podía localizar a la madre biológica para informarle sobre el estado de adoptabilidad del menor: “Se enviaron más de 10 notificaciones a distintos lugares”, detalló.

El periodista argumentó que “el plazo de acogida es de seis meses y en este caso se extendió a dos años. Todo esto no pasaría si las cosas se hicieran correctamente”. Y su esposa se preguntó: “¿Qué pretendían que hiciera? ¿Que yo a los seis meses y un día les dijera «chicas, yo ya cumplí, devuélvanme el contrato que firmé y me voy. Hagan lo que quieran con el niño»?”.

“La misma irresponsabilidad”

En el mismo sentido, el titular de la asociación Niños Visibles, Rodolfo Di Terlizzi, señaló que en estos casos el Estado “incurre sistemáticamente en la misma irresponsabilidad”, que es no cumplir con la ley de adopción, que impone ese máximo de 180 días para encontrarle un hogar al menor en situación de vulnerabilidad. “Nosotros como adultos, y el Estado y las instituciones vinculadas, no tenemos ningún derecho a revictimizar a los chicos y a no resolver su situación judicial en tiempo y forma”, apuntó.

Fuente: La Capital

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