Caso Baraldo: imputaron a los primeros cuatro integrantes de la Junta Especial de Salud Mental
Los dos restantes serán imputados la semana que viene. Se les atribuye haber cometido delitos de falsedad ideológica, encubrimiento e incumplimiento del deber de funcionario público.
Cuatro profesionales que se desempeñaban como integrantes de la Junta Especial de Salud Mental fueron imputados este jueves por hechos cometidos en la elaboración dos informes elaborados en el marco de la investigación del denominado Caso Baraldo, por abuso sexual infantil. Resta la imputación de otros dos integrantes de la Junta, que se concretará la próxima semana.
Las imputaciones fueron realizadas por el fiscal Carlos Lacuadra en una serie de audiencias desarrolladas en la sede del Ministerio Público de la Acusación. Los profesionales imputados esta mañana, el abogado Hugo Alejandro Haimovich, las psicólogas Ana Gabbi y Mariana Churruarín y la psiquiatra Adriana Noemí Ferrer, fueron acompañados por el abogado defensor particular Horacio Coutaz.
La investigación comenzó tras el juicio oral y público realizado en 2018 que condenó a los esperancinos Víctor Hugo Baraldo, Nidia Morandini y Juan Pablo Baraldo por abuso sexual. En el debate, el fiscal Omar De Pedro y el testigo Carlos Gloor, pareja de la mamá del niño víctima de los hechos, expusieron públicamente irregularidades en dos informes realizados por la Junta en el marco de la investigación.
Al dictarse la sentencia, los jueces precisaron que no se tuvo en cuenta el informe que fue presentado en el juicio (el otro fue desistido por la Defensa), y dispusieron que se remitan copias al MPA para que se investigue lo ocurrido; además, la mamá del menor radicó posteriormente una denuncia penal.
El fiscal explicó que la Junta Médica debe expedirse sobre la imputabilidad o no de una persona, sobre su capacidad de afrontar un proceso penal, o sobre medidas de seguridad impuestas en un proceso; sin embargo, en el caso que se investiga, los informes realizados sobre Víctor Hugo Baraldo y Nidia Morandini se excedieron de esas funciones y realizaron evaluaciones sobre la causa: en el informe de Baraldo intentaron desviar la atención hacia otro integrante del núcleo familiar que no era sospechoso en la causa, y en el caso de Morandini evaluaron que no presentaba un perfil compatible como autora del hecho investigado.
Para esto, el representante del MPA valoró que los profesionales de la Junta incorporaron afirmaciones falsas en los informes presentados al fiscal De Pedro. De los seis profesionales que integraban la junta, sólo el abogado Haimovich participó en la elaboración de ambos informes. Los hechos fueron tipificados como incumplimiento del deber de funcionario público, falsificación de documento y encubrimiento agravado. Todos los delitos comprenden la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El caso
En 2018 la Justicia santafesina condenó a Víctor Hugo Baraldo, Juan Pablo Baraldo y Noemí Morandini a las penas de 16, 18 y 20 años de prisión, respectivamente, por un grave caso de abuso sexual infantil intrafamiliar ocurrido en Esperanza. La sentencia fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en febrero de 2019.
Un mes después, en marzo de ese año, Víctor Hugo Baraldo falleció en la cárcel de Las Flores. En AIRE, el fiscal Omar De Pedro reveló semanas atrás que una pericia psicológica realizada por la Junta Especial de Salud Mental (JESM) de Santa Fe, en el marco de la causa que condenó a los abuelos y al tío del niño abusado, terminó siendo por demás de irregular tras elaborar y emitir un dictamen tendencioso y anormal.
Según explicó, la Junta debía realizar un dictamen sobre dos de los imputados por abuso, que por ese entonces no habían sido todavía condenados. Sin embargo, en su resolución, intentaron desviar la atención hacia el padrastro del pequeño, sobre quien no pesaba ningún tipo de sospecha.
Tal situación fue advertida por el propio padrastro quien, tras grabar la entrevista que le hicieron los integrantes de la Junta de Salud Mental, logró defenderse y desmentir el dictamen que hicieron los especialistas, que supieron colocarlo como una persona perjudicial para la víctima. “Si no los grababa, no sé qué pasaba”, sostuvo el fiscal. “Carlos Gloor (padrastro del joven víctima) grabó esa entrevista y le preguntaron por el tiempo, hablaron de cualquier cosa. Ni una sola de las palabras entrecomilladas, ni un solo párrafo de lo que ellos dicen que dijo (en el dictamen) apareció en la grabación”, recordó el funcionario del MPA.
Fuente: Aire de Santa Fe
