Un trágico accidente de tránsito ocurrió este martes 7 de julio, alrededor de las 17.45, sobre la Ruta Nacional 11, en jurisdicción de Avellaneda, frente al radar y un vivero de la zona.

Por causas que aún son materia de investigación, el conductor de un automóvil que circulaba en sentido sur-norte perdió el control del vehículo. Tras el despiste, el rodado se subió a la bicisenda ubicada sobre el sector este de la ruta e impactó violentamente contra un pino.

Como consecuencia del fuerte choque, el vehículo quedó completamente destruido luego de realizar un trompo

Un joven murió tras ser trasladado al hospital

En el automóvil viajaban dos personas mayores de edad. Ambos fueron asistidos en el lugar por personal del Servicio de Emergencias 107 y trasladados de urgencia al Hospital Regional de Reconquista

Horas más tarde, las autoridades confirmaron el fallecimiento de Julio Khalil Jara, de 27 años, quien viajaba como acompañante del vehículo. En tanto, el conductor permanece bajo atención médica.

Pericias para determinar las causas del accidente

En el lugar del siniestro vial trabajó personal policial junto con integrantes del Grupo Técnico Criminalístico, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer la mecánica del hecho y determinar qué provocó que el conductor perdiera el control del automóvil.

La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales competentes, que avanzan con la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias del fatal episodio.

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Un policía murió tras un vuelco en Las Colonias luego de protagonizar un accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial 62, entre las localidades de María Luisa y Providencia. El efectivo permaneció varias horas internado en terapia intensiva, pero finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado y es investigado para establecer cómo se produjo el siniestro.

El accidente se registró alrededor de la 1.50 en un sector cercano al puente que atraviesa el arroyo Cululú.

Por causas que todavía son materia de investigación, el vehículo en el que se desplazaba el efectivo volcó sobre la calzada.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor sufrió lesiones de extrema gravedad y requirió asistencia médica inmediata.

Tras el vuelco, una ambulancia del SIES 107 trasladó al agente hacia el Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe.

Los médicos constataron que presentaba un traumatismo encefalocraneano grave, por lo que quedó internado bajo cuidados intensivos.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo de salud, el efectivo falleció durante la tarde debido a la complejidad de su cuadro clínico.

Hasta el momento no se informó oficialmente qué provocó el vuelco ni si participaron otros vehículos en el accidente.

Por ese motivo, las autoridades continúan con las actuaciones para reconstruir la mecánica del hecho y determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro

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Amplio despliegue policial en la ciudad

Un importante operativo de saturación se desarrolla este jueves en distintos barrios de Esperanza, con la participación de varias divisiones de la Policía y personal de tránsito municipal.

El procedimiento sorprendió a los vecinos debido al importante despliegue de efectivos y al constante sobrevuelo de un helicóptero de la fuerza de seguridad, que pudo observarse en diferentes puntos de la ciudad durante varias horas.

Resultados preliminares

Según información obtenida por este medio de fuentes extraoficiales, los procedimientos habrían arrojado resultados positivos. Entre ellos, se habría concretado el secuestro de vehículos que registraban pedido de captura por robo.

Hasta el momento no se brindó información oficial sobre la cantidad de procedimientos realizados ni sobre el detalle de los elementos secuestrados o las personas involucradas.
Desde este medio continuaremos siguiendo el desarrollo del operativo y ampliaremos la información a medida que las autoridades den a conocer nuevos datos.

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El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe resolvió aplicar una sanción de fuerte alcance institucional tras los hechos de violencia registrados en la final de la Liga Cañadense entre Atlético Carcarañá y Sportivo Las Parejas, donde fue asesinado el policía Damián López.

La medida establece que el club Cremería deberá disputar sus partidos como local sin la presencia de su público hasta el final de 2027, afectando tanto a la Primera División como a la Reserva.

A su vez, cuando actúe en condición de visitante, la delegación contará con acceso limitado exclusivamente a jugadores, cuerpo técnico y dos dirigentes habilitados, en un esquema de control especial dispuesto por la Provincia.

El coordinador de Seguridad Deportiva, Gustavo Velázquez, sostuvo que la decisión busca sentar un precedente y calificó el episodio como un hecho de extrema gravedad dentro del deporte regional.

En paralelo, la causa judicial sigue su curso bajo la órbita del fiscal Juan Pablo Baños, quien ordenó la detención de dos hinchas de 35 años acusados de participar en la agresión que provocó la muerte del efectivo policial.

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Un hombre de 30 años identificado como Joel Jesús Vera fue condenado a 12 años de prisión por la coautoría del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado (por la participación de más de dos personas y por la participación de un menor de edad) cometido en 2018 en la localidad de Pilar (departamento Castellanos).

Otros 10 hombres que también cometieron el ilícito ya fueron condenados. En septiembre de 2023, a esos 10 acusados se los juzgó en un juicio oral y público como coautores y se les impusieron penas de entre 8 y 16 años de prisión. Por su parte, Vera estaba prófugo en España y por eso fue juzgado ahora.

La sentencia condenatoria contra Vera fue dispuesta por el juez Nicolás Stegmayer en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos desarrollado en los tribunales de Rafaela. La fiscal Shirli Tomasso representó al MPA en la audiencia.

Abuso sexual grupal
Tomasso recordó que “el ilícito fue cometido por Vera y los otros 10 condenados entre las 23:00 del viernes 11 de mayo de 2018 y las 7:00 de la mañana del día siguiente en una vivienda de Pilar”. En tal sentido, aclaró que “la víctima además fue abusada por otra persona que era menor de edad en ese momento, por lo que se le dio intervención oportunamente a la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia”.

“La adolescente vulnerada había tomado bebidas alcohólicas y había consumido marihuana, lo cual la puso en una situación de vulnerabilidad que fue aprovechada por los agresores”, afirmó la fiscal. “Ella no prestó su consentimiento para que ocurrieran los actos sexuales a los que fue sometida”, subrayó.

“Aunque no lograba dirigir libremente sus actos, la víctima estuvo consciente durante el hecho ilícito y fue capaz de relatar en cámara Gesell sus padecimientos y así lo ratificó ante el tribunal en el juicio oral sin entrar en ningún tipo de contradicción”, aseguró Tomasso. “El testimonio que brindó fue contundente y estuvo respaldado además por las diferentes pruebas incorporadas a la investigación y expuestas en el juicio oral, lo que demuestra que el accionar delictivo de Vera como el de los demás condenados, se enmarcó en un claro contexto de violencia de género”, manifestó la fiscal.

Condena

La pena impuesta a Vera es de cumplimiento efectivo en dependencias del Servicio Penitenciario. No obstante, será cumplida de forma domiciliaria con control de dispositivo electrónico (tobillera) en función de una situación particular y actual en su estado de salud, cuyo tratamiento no se puede garantizar en un establecimiento penitenciario ordinario.

“Esta modalidad de cumplimiento de la pena tendrá vigencia mientras persista su situación actual de salud”, aclaró la fiscal.

Abreviado

Tomasso indicó que “Vera y su defensor manifestaron la conformidad con el procedimiento escogido. Además, el condenado admitió la culpabilidad del hecho ilícito reprochado, prestó conformidad con la calificación legal seleccionada y con el monto y modalidad de la pena”.

Finalmente, la fiscal manifestó que “la víctima fue notificada de lo resuelto en el juicio abreviado y prestó su conformidad respecto al procedimiento elegido, la pena solicitada y el modo de ejecución”.

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También la policía informó que recuperaron dos bicicletas en estado de abandono y que estarán en sede policial por un tiempo para que sus propietarios las retiren con la documentación correspondiente.

ARRESTO CIUDADANO – “Esperanza”

El pasado viernes, los propietarios de un supermercado ubicado en Avenida Colonizadores al 700 retuvieron dentro del local a un hombre de 22 años con domicilio en barrio La Orilla quien habría sustraído elementos comestibles hecho que quedo registrado en las cámaras de videovigilancia del lugar.

En el lugar se hizo presente personal de Comando Radioeléctrico quien trasladó al aprehendido a sede de la Comisaría Primera para proseguir con las actuaciones de rigor en conocimiento de la Fiscalía en turno.

BICICLETAS RECUPERADAS – “Las Colonias”

Personal policial de la Unidad Regional XI realizando tareas de patrullaje preventivo recupero bicicletas en estado de abandono las cuales fueron trasladadas a sede policial a los fines de intentar establecer la identidad de sus propietarios.

Los rodados quedarán en resguardo durante un tiempo prudencial a la espera de ser retirados por sus dueños, los que podrán acercarse con documentación respaldatoria sobre la propiedad del rodado o consultar en sede policial la tramitación correspondiente para el retiro de los mismos.

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El hombre oriundo de Humboldt de 30 años, conducía un Chevrolet Corsa y fue sometido a un control de alcoholemia por parte de inspectores municipales en el centro de la ciudad de Esperanza.

Los integrantes de la Brigada Motorizada prestaron apoyo al operativo y al ser secuestrado el vehículo, el conductor se resistió a la decisión de la autoridad y debió ser aprehendido y trasladado a sede policial.

El otro hecho se registró en inmediaciones de un boliche, lugar donde la policía intervino por una gresca entre varias personas. El sujeto de 26 años oriundo de Rafaela se resistió al accionar policial y fue trasladado.

Informe policial

El fin de semana se llevaron a cabo diversos operativos de seguridad y prevención referidos al control en nocturnidad.

En las primeras horas del domingo, personal policial que se encontraba cumplimentando un servicio de prevención en un local bailable intervino en una gresca entre varias personas. Luego de disuadir el conflicto, se trasladó en calidad de aprehendido a un hombre de 26 años oriundo de la localidad de Rafaela quien habría opuesto resistencia al accionar de los oficiales.

El sábado por la mañana, personal de Brigada Motorizada prestó colaboración en un operativo llevado a cabo por Inspectores de Tránsito en la inmediación de calles Moreno y Avenida Córdoba donde los agentes municipales realizaron el control de alcoholemia a un hombre de 30 años oriundo de la localidad de Humboldt y procedieron al secuestro de su vehículo Chevrolet Corsa.

En ese momento el conductor en estado de nerviosismo por la situación se resistió a la labor de los funcionarios por lo que debió ser aprehendido y trasladado a sede policial.

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El efectivo, oriundo de Rosario y que se desempeñaba en el Comando Radioeléctrico de Roldán, permanecía internado desde el domingo tras haber sido brutalmente agredido mientras cumplía funciones en el operativo de seguridad de la final de la Liga Cañadense disputada entre Club Atlético Carcarañá y Sportivo Las Parejas, en la ciudad de Carcarañá.

La noticia del deceso llegó junto con otra novedad: la Policía de Investigaciones (PDI), de la mano de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, realizó allanamientos en las localidades de Carcarañá y Correa que culminaron con la detención de dos hombres identificados como Agustín A. y Juan Carlos Z., ambos de 35 años, señalados como los presuntos autores del ataque.

Según pudo saber Infobae, los sospechosos quedaron a disposición del fiscal Juan Pablo Baños, quien encabeza la investigación y los llevará a una audiencia imputativa en día y horario a confirmar en los Tribunales de Cañada de Gómez.

El ataque ocurrió este domingo en el club Cremería, donde se disputaba la final de la Liga Cañadense de Fútbol. López participaba del operativo de seguridad cuando fue atacado por un grupo de personas en medio de incidentes registrados dentro de las instalaciones del predio.

Las primeras versiones indicaban que había sufrido una lesión compatible con el impacto de un elemento metálico. Sin embargo, con el avance de la investigación se constató que el efectivo recibió el impacto de una piedra. El golpe le provocó la pérdida del equilibrio y una posterior caída contra una estructura metálica ubicada en el lugar.

En el video que encabeza esta nota se ven los momentos posteriores al brutal ataque, con una decena de personas rodeando a López mientras aguardaban la llegada de la ambulancia.

Como consecuencia de ese doble impacto, el policía sufrió una gravísima lesión en la región occipital del cráneo y fue trasladado en código rojo al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, donde permaneció internado en terapia intensiva. Horas antes de su fallecimiento, los médicos habían informado que presentaba muerte cerebral.

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La División de Delitos Complejos de la Policía de Investigaciones de Santa Fe logró la detención de seis personas en la ciudad de Córdoba por al menos cinco robos con inhibidores de señal en esta capital provincial.

Desde la unidad móvil de LT9, Omar Vega informó que este martes se llevaron a cabo 10 allanamientos en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, con el resultado de seis detenidos (cuatro hombres y dos mujeres), sindicados como los “cordobeses” que viajaban a Santa Fe para cometer robos con inhibidores de señal.

Se secuestraron vehículos, teléfonos celulares, cerca de 6 millones de pesos en efectivo, llaves, documentación, vestimenta, DVRs (sistemas de grabación de cámaras de seguridad), ganzúas y cables, entre otros.

Los cinco hechos investigados en Santa Fe

Los allanamientos se realizaron a raíz de cinco denuncias por robos bajo la modalidad de inhibidores, todos ocurridos en la ciudad de Santa Fe.

14 de agosto de 2024: Un hombre oriundo de la provincia de Entre Ríos dejó su camioneta Volkswagen Amarok estacionada en la playa del supermercado Coto (en la intersección de Rivadavia y Balcarce). Al regresar al vehículo, notó el faltante de numerosos elementos, entre ellos una computadora y su teléfono celular.

26 de septiembre de 2024: Un hombre estacionó su automóvil Volkswagen Vento en Avenida Facundo Zuviría y las Cuatro Vías para realizar unas compras. Al regresar, constató que le habían sustraído distintos elementos de valor y una suma de dinero en efectivo que rondaba los 700.000 pesos.

24 de octubre de 2024: Una camioneta Volkswagen Amarok fue estacionada en la zona de Avenida Gorriti y Aristóbulo del Valle. El conductor descendió para ir a una heladería. Al volver y llegar a su casa, el hombre le pidió a su hijo que le pasara la computadora que había dejado en el asiento trasero, dándose cuenta en ese momento de que se la habían robado.

7 de marzo de 2025: Ocurrió en calle Seguí al 1900. La víctima fue un fiscal, quien había dejado su auto estacionado frente a la casa de su suegra. Al regresar al vehículo, constató que le habían llevado el teléfono celular y dinero en efectivo.

Y el último fue en el hipermercado frente a barrio El Pozo. Un hombre estacionó su camioneta Toyota Hilux en la playa de estacionamiento y al salir a los pocos minutos, descubrió que la camioneta había sido abierta y que le habían sustraído diversas pertenencias.

Otro robo con inhibidores

A todos estos casos se suma la denuncia que disparó las alarmas esta semana en la ciudad de Santa Fe. Ocurrió el pasado lunes al mediodía. Un joven de 29 años estacionó su auto (un Peugeot 208) sobre calle Tucumán al 2800, a una cuadra del ministerio de Justicia y Seguridad, para realizar unos trámites.

Los delincuentes utilizaron un inhibidor de señal para evitar el cierre centralizado del auto, logrando abrirlo sin levantar sospechas (quedando filmados por cámaras de seguridad de la zona). Del interior del Peugeot le sacaron las llaves de su casa y la documentación que acreditaba su dirección.

Con esa información, los ladrones se dirigieron directamente a su domicilio. Mientras el joven seguía en el centro, su madre lo llamó por teléfono para avisarle que una vecina le había alertado que el portón del garaje de su casa estaba abierto.

Al regresar de inmediato a su vivienda, el joven constató que había sido asaltado. Le robaron una PlayStation, una cámara digital, el DVR de las cámaras de seguridad de la casa y dinero en efectivo.

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La Justicia Federal de Santa Fe dictó las últimas condenas contra integrantes de una organización criminal compuesta por policías provinciales y civiles que operó en distintas localidades del departamento Las Colonias, utilizando información reservada, recursos estatales y funciones públicas para proteger y facilitar la comercialización de estupefacientes.

La investigación determinó que la estructura delictiva actuaba en Esperanza, Franck, Las Tunas, San Carlos, Progreso, San Agustín y otras localidades de la región. Según surgió durante el proceso judicial, sus integrantes se referían a la organización como «la empresa» o «la pyme», una denominación que reflejaba el grado de organización y permanencia que había alcanzado el esquema criminal.

Protección policial a cambio de dinero
De acuerdo con la acusación federal, efectivos policiales obtenían información sensible proveniente de denuncias anónimas, investigaciones en curso y futuros procedimientos para advertir a vendedores de drogas sobre eventuales controles o allanamientos.

A cambio de esa protección, los narcotraficantes abonaban sumas periódicas de dinero. Quienes aceptaban el sistema podían continuar operando con relativa tranquilidad. Por el contrario, aquellos que se negaban a pagar o pretendían actuar por fuera de la estructura eran objeto de investigaciones, procedimientos policiales y distintas formas de presión.

La investigación también permitió acreditar que algunos de los policías involucrados participaban activamente en el abastecimiento de estupefacientes, facilitando la distribución de droga hacia distintos puntos de venta administrados por integrantes civiles de la organización.

Las condenas

Entre los últimos condenados figura el exsuboficial Matías José Cosentini, quien recibió una pena de un año de prisión. Al unificarse esa condena con una sentencia anterior, deberá cumplir una pena única de cinco años de prisión efectiva e inhabilitación.

Miguel Ángel Duarte fue condenado a cuatro años de prisión efectiva y al pago de una multa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y por administrar puntos de venta de droga.

Walter Jorge Winkelmann recibió una condena de tres años de prisión efectiva por integrar la asociación ilícita.

Por su parte, el exjefe policial Néstor Oscar Rosales fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional por el delito de confabulación, por lo que no cumplirá prisión efectiva mientras respete las condiciones impuestas por el tribunal.

Estas sentencias se suman a otras condenas dictadas durante 2025, entre ellas la del exsubcomisario Lucas Gabriel Nos, exjefe de la Brigada Operativa Antinarcóticos de Las Colonias, quien recibió una pena de cuatro años y diez meses de prisión, además de otros integrantes de la organización como Sol Micaela Morel, Daniel Carlos Segovia y María Belén Muratore.

Cuando el delito se infiltra en el Estado

El caso expone una de las formas más graves de corrupción institucional: aquella en la que funcionarios encargados de combatir el delito terminan utilizando las herramientas del Estado para favorecerlo.

La utilización de información reservada, el aprovechamiento de funciones públicas y la manipulación de procedimientos policiales constituyen una traición a la confianza pública y generan un daño que trasciende a los hechos concretos investigados.

Sin embargo, también resulta necesario evitar generalizaciones injustas. Las condenas demuestran que la responsabilidad es individual y que fueron precisamente los mecanismos judiciales e investigativos del propio Estado los que permitieron descubrir, investigar y sancionar a los responsables.

La lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad no debilita a las instituciones. Por el contrario, las fortalece. Una policía profesional necesita controles eficaces, transparencia y la certeza de que quienes utilizan el uniforme para delinquir terminarán respondiendo ante la Justicia.

La causa de Las Colonias constituye un recordatorio de que la seguridad pública depende tanto de la capacidad para perseguir el delito en las calles como de la decisión de impedir que el delito encuentre protección dentro del propio Estado.

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