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Trigo 2026: la falta de sol, el frío y las heladas generan dudas sobre los rindes, aunque se espera una gran cosecha

ross — Sat, 24 Oct 2026 01:14:25 +0000

La persistencia de cielos nublados y temperaturas inferiores a las habituales durante la primavera afecta las condiciones de desarrollo del cereal. Las bolsas de comercio y cereales advierten sobre una reducción de la radiación solar en etapas críticas, aunque la Bolsa de Comercio de Rosario proyecta una producción nacional de 23,8 millones de toneladas, que sería la segunda mayor de la historia.

Las condiciones climáticas registradas durante las últimas semanas en buena parte de la región agrícola argentina generan incertidumbre sobre el rendimiento del trigo de la campaña 2026, en un escenario caracterizado por la persistencia de cielos nublados, bajas temperaturas y episodios de heladas. Si bien las perspectivas productivas continúan siendo favorables y las estimaciones anticipan una cosecha importante, especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires advierten que la menor disponibilidad de radiación solar podría afectar el potencial del cultivo durante etapas decisivas de su desarrollo.

El comportamiento climático de octubre llamó la atención de productores e ingenieros agrónomos, debido a que las temperaturas se mantuvieron por debajo de los valores habituales para la primavera y la nubosidad redujo la cantidad de energía solar disponible. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya había anticipado un trimestre primaveral con condiciones más frías de lo normal, la combinación de estos factores abrió interrogantes sobre el resultado final de una campaña que, hasta el momento, mantiene expectativas de alta productividad.

Una de las variables que adquirió protagonismo en los análisis técnicos es el denominado cociente fototermal, un indicador que relaciona la radiación solar disponible con la temperatura del aire y permite evaluar condiciones vinculadas con el potencial de rendimiento del trigo.

Qué es el cociente fototermal y por qué importa

Desde la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario explicaron que el cociente fototermal, habitualmente identificado con la letra Q, relaciona la radiación solar disponible con la temperatura media del aire. Su importancia reside en que está asociado con el potencial de rendimiento del trigo durante el período crítico, cuando se definen componentes fundamentales de la producción de granos.

La falta de radiación puede limitar la energía disponible para los procesos de crecimiento del cultivo. Sin embargo, las temperaturas más bajas también pueden prolongar determinadas etapas de desarrollo, especialmente el llenado de los granos, lo que introduce efectos contrapuestos y dificulta anticipar con precisión el resultado final.

Los especialistas Marina Barletta, Florencia Poeta y Cristián Russo, de la Bolsa rosarina, señalaron que una de las dificultades para evaluar la campaña actual es la comparación con el ciclo anterior, cuando se registraron condiciones excepcionalmente favorables. Durante 2025, las lluvias superiores a la media y los elevados niveles de radiación solar permitieron alcanzar rendimientos extraordinarios, con un promedio de 60 quintales por hectárea en la región núcleo.

Octubre presentó una marcada disminución de radiación

Los análisis de la BCR indican que la nubosidad fue particularmente intensa durante los primeros diez días de octubre, coincidiendo con un período de bajas temperaturas. Para evaluar sus efectos, los especialistas compararon los registros comprendidos entre el 15 de septiembre y el 11 de octubre con los correspondientes a la campaña anterior.

El resultado fue un cociente fototermal promedio de 1,16 MJ m⁻² d⁻¹ °C⁻¹ para la región núcleo, apenas 4 % inferior al registrado en el mismo período de 2025. Según explicaron, esa diferencia relativamente moderada se debe a que las bajas temperaturas compensaron parcialmente la menor radiación solar al prolongar determinadas etapas del desarrollo del cultivo.

No obstante, el comportamiento no fue uniforme. Durante la segunda quincena de septiembre, el indicador había resultado 6,6 % superior al del año anterior, mientras que hacia fines de ese mes y comienzos de octubre se registró una disminución más marcada, del 16 %. Estas variaciones muestran que las condiciones climáticas tuvieron efectos diferentes según el momento del ciclo.

Las heladas también preocupan a los productores

A la menor radiación solar se sumaron episodios de heladas registrados durante septiembre y mediados de octubre, cuyos efectos todavía se encuentran bajo evaluación. Según los informes técnicos citados, en determinados lotes de siembras tempranas y ciclos cortos del sur de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa podrían producirse pérdidas de rendimiento de entre 10 % y 15 %, aunque la magnitud definitiva dependerá de los daños efectivamente constatados.

La Bolsa de Comercio de Rosario detalló que, entre la madrugada y la mañana del 19 de octubre, se registraron temperaturas mínimas generalizadas de entre 1 y 5 grados. En seis de las 36 estaciones de su red de monitoreo se observaron registros inferiores a los 3 grados: Idiazábal, 1,2 °C; Bengolea, 1,3 °C; Junín, 2,1 °C; Laboulaye, 2,3 °C; y Canal y Monte Buey, 2,5 °C.

El episodio tuvo una duración relativamente breve, de entre una y tres horas, y se desarrolló con una humedad relativa superior al 70 %, condiciones que, según los especialistas, contribuyeron a moderar sus efectos. De todos modos, las heladas durante el período crítico del trigo pueden comprometer la viabilidad de las espiguillas y la formación de granos, por lo que será necesario observar la evolución de los lotes.

La elevada humedad ambiente también favoreció el desarrollo de enfermedades foliares, mientras que en los cultivos que atraviesan la etapa de floración se sumaron medidas de prevención frente a la fusariosis.

Se proyectan 23,8 millones de toneladas a nivel nacional

A pesar de las incertidumbres, la Bolsa de Comercio de Rosario mantiene una perspectiva favorable para la campaña. Su primera estimación nacional de producción de trigo se ubica en 23,8 millones de toneladas, un volumen que, de concretarse, representaría la segunda mayor cosecha de la historia argentina, solamente por debajo del ciclo anterior, que se aproximó a los 30 millones de toneladas.

Para la región núcleo, la primera proyección de rendimiento se sitúa en 43 quintales por hectárea, por debajo de los 60 quintales registrados durante la campaña excepcional de 2025, pero por encima del promedio de las últimas campañas, estimado en alrededor de 38 quintales por hectárea.

“La cosecha no va a tener la espectacularidad del año pasado, pero muestra muy buenos números a pesar de todo. Con 6,7 millones de toneladas, en la región núcleo cosecharían casi 60 % más que el promedio de los últimos 16 años”, resumieron desde la GEA.

La entidad rosarina reconoció, sin embargo, que persisten preocupaciones por un octubre caracterizado por el frío, la menor radiación y lluvias inferiores a las esperadas. Los técnicos señalaron que se trata de condiciones poco habituales durante el llenado de granos, lo que dificulta proyectar con certeza sus consecuencias.

Santa Fe aparece entre las provincias con mejores perspectivas

En el análisis por provincias, Santa Fe y Buenos Aires encabezan las expectativas de rendimiento del trigo. Para el territorio santafesino se proyecta un promedio cercano a los 40 quintales por hectárea, mientras que Buenos Aires podría alcanzar aproximadamente 39,2 quintales por hectárea.

En Córdoba, el rendimiento estimado se ubica en 33,6 quintales por hectárea, dentro de una campaña considerada buena, aunque inferior a la anterior. Para Entre Ríos, los técnicos del sistema SIBER proyectan inicialmente unos 35 quintales por hectárea.

En Santiago del Estero, la estimación provincial ronda los 27 quintales por hectárea, aunque algunos lotes podrían superar los 30. En Chaco, donde el trigo recibió entre 40 y 50 milímetros de lluvia durante todo su ciclo, también se registran rendimientos que superan algunas previsiones iniciales.

Dos escenarios posibles para la cosecha

Los especialistas identifican dos efectos contrapuestos que podrían definir el resultado de la campaña. Por un lado, las bajas temperaturas prolongan el período de llenado del grano, lo que puede favorecer su peso final y reducir la demanda de agua del cultivo. Por otro, la falta de radiación solar puede limitar la producción de materia seca y afectar el potencial de rendimiento, especialmente cuando coincide con etapas críticas.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires advirtió que la persistencia de cielos cubiertos y lloviznas mantiene reducido el cociente fototermal y que, si esas condiciones no se revierten, podrían comprometerse los rendimientos potenciales. La BCR, en tanto, conserva una mirada más optimista, aunque reconoce que los daños de las heladas y los efectos de la nubosidad todavía deben evaluarse.

De esta manera, el trigo argentino transita las últimas etapas de su desarrollo con perspectivas de una cosecha históricamente importante, pero también con interrogantes sobre el impacto definitivo de un octubre climático atípico. Las condiciones de las próximas semanas serán determinantes para establecer cuánto de ese potencial productivo podrá concretarse.

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Vandalismo rural: Diputados aprobó penas más severas por ingresar a campos y destruir silobolsas o infraestructura productiva

ross — Fri, 23 Oct 2026 01:10:11 +0000

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto por 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención. La iniciativa propone incorporar figuras específicas al Código Penal para sancionar el ingreso no autorizado a establecimientos rurales y los daños contra cultivos, granos almacenados, animales e instalaciones agropecuarias. El texto deberá ser tratado por el Senado.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto de ley destinado a agravar las sanciones penales por hechos de vandalismo rural, mediante la incorporación de nuevas figuras para castigar el ingreso no autorizado a establecimientos agropecuarios y los daños contra bienes e infraestructura vinculados con la producción. La iniciativa obtuvo 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención, y ahora deberá ser analizada por el Senado de la Nación para determinar si se convierte definitivamente en ley.

El proyecto fue impulsado desde el PRO y contó con el respaldo de diferentes entidades del sector agropecuario, especialmente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Según un relevamiento difundido por la Fundación Barbechando, la propuesta recibió acompañamiento de legisladores de La Libertad Avanza, de parte de Unión por la Patria y de representantes de bloques provinciales, además de diputados vinculados con el espacio que promovió la iniciativa.

La modificación legislativa busca responder a reclamos del sector rural frente a hechos como la rotura de silobolsas, la destrucción de cultivos, los daños a equipos de riego y el ingreso de personas a establecimientos productivos sin autorización. Las entidades agropecuarias sostienen que estas conductas pueden provocar perjuicios económicos importantes y que las herramientas legales existentes no siempre reflejan la magnitud de las pérdidas ocasionadas.

Nuevas penas por ingresar sin autorización a establecimientos rurales

Uno de los cambios centrales del proyecto es la incorporación de un artículo 150 bis al Código Penal, que establecería una figura específica para sancionar el ingreso no autorizado a establecimientos rurales cercados o señalizados.

Según el texto aprobado por Diputados, esta conducta podría recibir una pena de uno a doce meses de prisión. Cuando la intrusión obstaculice el desarrollo normal de la actividad productiva, la sanción podría agravarse hasta los dos años de prisión.

La iniciativa contempla que la existencia de alambrados, cerramientos, vallas o señales constituye una indicación de prohibición de ingreso, por lo que estos elementos resultarían relevantes para determinar si una persona accedió sin autorización a un establecimiento.

El objetivo es incorporar una respuesta penal específica frente a situaciones que, según las entidades rurales, actualmente pueden quedar comprendidas en figuras contravencionales o recibir sanciones consideradas insuficientes.

Penas de dos a ocho años por daños a la producción

El segundo eje de la propuesta es la creación de un artículo 184 bis, destinado a sancionar los daños que afecten directamente a la producción y a la infraestructura agropecuaria. Esta figura contempla penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño causado.

Entre los bienes protegidos se incluyen cultivos, granos almacenados, hacienda, forrajes y productos en transporte, además de instalaciones e infraestructura utilizada para desarrollar las actividades rurales.

La enumeración también comprende silos, silobolsas, alambrados, tranqueras, sistemas de riego, bombas de agua, paneles solares y reservas hídricas, elementos cuyo deterioro puede comprometer tanto la producción inmediata como el funcionamiento futuro de los establecimientos.

La propuesta busca establecer una diferencia entre daños materiales comunes y aquellos que afectan directamente procesos productivos agropecuarios, considerando las consecuencias económicas y operativas que pueden generar.

El reclamo del campo por los ataques a silobolsas

Uno de los ejemplos utilizados para fundamentar la iniciativa es la rotura intencional de silobolsas, sistemas de almacenamiento ampliamente utilizados en la actividad agrícola argentina. Estas estructuras pueden contener grandes cantidades de granos y resultar vulnerables a daños provocados mediante cortes en su superficie.

Según el planteo difundido por las entidades agropecuarias, una silobolsa con capacidad para almacenar aproximadamente 200 toneladas de granos puede contener una producción de elevado valor económico. Un daño relativamente pequeño en su estructura puede comprometer parte de ese contenido, provocar pérdidas y obligar a realizar tareas de recuperación o traslado.

Situaciones similares pueden presentarse ante la destrucción de equipos de riego, bombas de agua u otros componentes de infraestructura, cuya inutilización puede interrumpir procesos productivos y generar consecuencias que exceden el costo material del objeto afectado.

“Detrás de cada uno de estos delitos hay algo más que un bien material dañado: puede haber una cosecha comprometida, una inversión perdida y el trabajo de muchos años”, señalaron desde la Fundación Barbechando.

Amplio respaldo político y acompañamiento de entidades rurales

Desde Barbechando destacaron que el proyecto consiguió reunir apoyos de distintos espacios políticos y que durante su tratamiento se incorporaron modificaciones orientadas a clarificar las figuras propuestas y establecer agravantes para determinadas conductas.

La organización valoró especialmente la posibilidad de que una problemática planteada por productores y entidades del sector llegara al recinto de la Cámara de Diputados y obtuviera media sanción.

“En una agenda parlamentaria atravesada por debates de alcance general, que una iniciativa vinculada directamente con la actividad productiva llegue al recinto constituye un paso significativo”, expresó la fundación.

También señaló que el tratamiento legislativo refleja la importancia del diálogo entre representantes políticos y organizaciones productivas, y sostuvo que la seguridad de las personas, la protección de las inversiones y la continuidad del trabajo rural forman parte de las condiciones necesarias para el desarrollo agroindustrial.

Entre las entidades que celebraron el avance de la propuesta se encuentra la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), que manifestó su satisfacción por la media sanción obtenida.

El proyecto deberá ser tratado por el Senado

Aunque la iniciativa recibió un amplio respaldo en la Cámara baja, todavía no se convirtió en ley. Para que las nuevas figuras penales entren en vigencia será necesario que el Senado complete su tratamiento y apruebe el texto correspondiente.

Las organizaciones agropecuarias esperan que el debate avance con rapidez, debido a que consideran que la protección de los establecimientos y de la infraestructura productiva constituye una demanda importante para el sector.

Con la media sanción de Diputados, el proyecto contra el vandalismo rural dio un paso legislativo significativo. Su eventual aprobación definitiva incorporaría nuevas herramientas penales para sancionar ingresos no autorizados y daños contra bienes agropecuarios, con penas diferenciadas según las características y consecuencias de cada conducta.

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La independencia económica se aleja: 140.000 jóvenes dejaron de vivir por su cuenta entre 2023 y 2026

ross — Fri, 23 Oct 2026 00:41:10 +0000

Un informe de la consultora Analytica reveló que la proporción de personas de entre 18 y 29 años que viven en hogares independientes cayó del 26 % al 23,3 % en tres años, según el promedio móvil de cuatro trimestres. El encarecimiento de la vivienda y los servicios, la pérdida de empleo formal, el deterioro salarial y el aumento de la morosidad dificultan la posibilidad de dejar el hogar familiar.

Las dificultades económicas que atraviesan los jóvenes argentinos están provocando un retroceso en las posibilidades de acceder a una vivienda independiente. Según un informe elaborado por la consultora Analytica, entre 2023 y 2026 alrededor de 140.000 jóvenes dejaron de vivir en hogares independientes, en un contexto marcado por el aumento del costo de vida, la pérdida de puestos de trabajo registrados, la caída del poder adquisitivo y mayores dificultades para acceder al financiamiento. La tendencia refleja un deterioro en las condiciones materiales necesarias para sostener una vivienda propia o alquilada fuera del hogar familiar.

El relevamiento indica que, durante el primer trimestre de 2026, solamente el 22,2 % de las personas de entre 18 y 29 años vivía de manera independiente. Ese porcentaje se ubicó apenas por encima del registrado en igual período de 2025 y, si se excluye ese dato, representa el nivel más bajo desde el segundo trimestre de 2021. Al analizar la tendencia mediante un promedio móvil de cuatro trimestres, la proporción de jóvenes emancipados descendió del 26 % en el segundo trimestre de 2023 al 23,3 % en el primer trimestre de 2026.

La caída equivale a aproximadamente 140.000 jóvenes menos viviendo en hogares independientes. Si la comparación se realiza con el máximo registrado durante las últimas dos décadas, que fue del 27,8 % en 2006, la diferencia alcanza a cerca de 240.000 personas. Los datos muestran que la dificultad para abandonar el hogar familiar no responde solamente a una situación coyuntural, sino que forma parte de una tendencia más amplia, agravada durante los últimos años por el deterioro de los ingresos y del mercado laboral.

Vivienda y servicios: los gastos que más aumentaron

Uno de los principales obstáculos para la independencia juvenil es el incremento de los gastos asociados con mantener una vivienda. Según Analytica, desde noviembre de 2023 la canasta de consumo de las personas de hasta 34 años que viven solas acumuló un aumento del 387,9 %, frente al 359,8 % registrado por el nivel general de precios, utilizando ponderadores actualizados.

La diferencia se explica principalmente por el peso que tienen los servicios y los gastos habitacionales dentro del presupuesto de quienes viven de manera independiente. Los rubros de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles representan el 26,6 % de sus gastos, casi el doble de la participación que tienen dentro de la canasta general, donde alcanzan el 13,5 %.

Además, desde noviembre de 2023 los precios de ese conjunto de bienes y servicios acumularon una suba del 637,9 %, muy superior al incremento general del costo de vida. Esto implica que los jóvenes que deben afrontar por su cuenta alquileres, tarifas y gastos de mantenimiento destinan una proporción cada vez mayor de sus ingresos a cubrir necesidades básicas.

El desempleo juvenil alcanzó el 15 %

El informe también identifica un deterioro significativo en las condiciones laborales de las personas menores de 30 años. Durante el primer trimestre de 2026, la tasa de desempleo juvenil alcanzó el 15 %, una cifra considerablemente superior a la registrada en otros grupos etarios.

Entre las personas de 30 a 49 años, el desempleo fue del 6 %, mientras que entre los mayores de 50 años se ubicó en el 4,7 %. Esta diferencia muestra que los jóvenes enfrentan mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo, una condición fundamental para proyectar gastos estables y sostener una vivienda independiente.

La situación se agrava por la pérdida de empleo formal. Entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de 2026, la cantidad de asalariados de hasta 29 años con descuento jubilatorio disminuyó un 14,7 %, una caída casi tres veces superior al retroceso del 5,3 % registrado en el conjunto de los trabajadores.

Menos de cuatro de cada diez jóvenes tienen empleo formal

La pérdida de puestos registrados también modificó la composición del empleo juvenil. Según los datos analizados por Analytica, en el primer trimestre de 2026 solamente el 38,3 % de los jóvenes ocupados contaba con un empleo formal, una proporción que retrocedió 7,8 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2024.

Entre los trabajadores de 30 años o más, en cambio, la tasa de formalidad se ubicó en el 60,6 %, lo que evidencia una brecha considerable en las condiciones de contratación y estabilidad laboral.

La informalidad y la inestabilidad de los ingresos dificultan la planificación económica, especialmente cuando una persona debe reunir dinero para ingresar a una vivienda alquilada, afrontar garantías o depósitos y cubrir gastos mensuales que se mantienen independientemente de las variaciones laborales.

Los salarios jóvenes también perdieron poder adquisitivo

A las dificultades para conseguir empleo se suma el deterioro de los ingresos reales. Durante marzo de 2026, la remuneración promedio de los trabajadores registrados de hasta 29 años se encontraba un 4,7 % por debajo del promedio de 2023, una vez descontado el efecto de la inflación.

Sin embargo, cuando la pérdida de poder adquisitivo se calcula utilizando una canasta específica para jóvenes que viven de manera independiente, el retroceso asciende al 9,1 %. Esto ocurre porque los gastos habitacionales y los servicios, que tienen mayor incidencia en ese grupo, aumentaron por encima del promedio general de precios.

La combinación de salarios rezagados, empleos más inestables y mayores costos de vivienda reduce la capacidad de ahorro necesaria para independizarse. También limita las posibilidades de afrontar gastos extraordinarios, como reparaciones, equipamiento del hogar o aumentos imprevistos de tarifas y alquileres.

Casi cuatro de cada diez jóvenes registran atrasos en sus deudas

El deterioro económico también se refleja en el sistema financiero. Según el informe, al cierre de julio de 2026 la morosidad entre las personas de 18 a 30 años alcanzó el 39,1 %, un nivel 10,8 puntos porcentuales superior al promedio general de los deudores.

Entre las personas de 31 a 50 años, la proporción de deudores en mora se ubicó en el 31,1 %, mientras que entre los mayores de 50 años descendió al 19,6 %. La diferencia muestra que los jóvenes enfrentan mayores dificultades para cumplir regularmente con sus compromisos financieros.

Los atrasos en el pago de obligaciones pueden deteriorar el historial crediticio y dificultar el acceso a préstamos o financiamiento en el futuro. Esta situación representa una barrera adicional para quienes necesitan reunir recursos para ingresar a una vivienda, adquirir equipamiento o afrontar gastos vinculados con proyectos personales de largo plazo.

Incluso cuando las condiciones laborales mejoran, los antecedentes de mora pueden continuar limitando el acceso al crédito, prolongando las dificultades económicas que enfrentan los jóvenes.

El informe también advierte sobre el crecimiento de las apuestas online

Otro de los fenómenos señalados por Analytica es el crecimiento de las apuestas online, una actividad cuya recaudación registró en julio un nivel 373,6 % superior, en términos reales, al de enero de 2024.

La consultora advierte que, en un contexto de vulnerabilidad económica, algunas plataformas pueden presentarse ante los usuarios como una posibilidad de obtener ingresos adicionales. Sin embargo, las apuestas implican riesgos financieros, especialmente para quienes ya enfrentan dificultades para cubrir sus gastos o cumplir con sus obligaciones.

El crecimiento de esta actividad aparece así como otro elemento de preocupación dentro del análisis de la situación económica juvenil, aunque no permite establecer por sí solo una relación causal directa con la disminución de la independencia habitacional.

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El informe de Analytica muestra que las dificultades para independizarse responden a una combinación de factores que se potencian entre sí. El aumento de los gastos de vivienda y servicios, la pérdida de empleo formal, el desempleo elevado, los salarios que no recuperan su poder adquisitivo y el deterioro de la situación financiera reducen las posibilidades de sostener un hogar independiente.

La caída de la proporción de jóvenes emancipados también refleja que, para una parte importante de la población de entre 18 y 29 años, permanecer en la vivienda familiar o regresar a ella se convierte en una alternativa frente a los costos que implica vivir por cuenta propia.

Con 140.000 jóvenes menos en hogares independientes respecto de 2023, los datos muestran una transformación en las condiciones de acceso a la autonomía económica y habitacional. La recuperación del empleo, la mejora de los ingresos y la evolución del costo de la vivienda aparecen como factores centrales para determinar si esta tendencia podrá revertirse durante los próximos años.

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Crecida del Paraná: Paso de la Patria alcanzó los 7,79 metros, con barrios inundados y familias evacuadas

ross — Thu, 22 Oct 2026 17:07:58 +0000

El avance del río mantiene en alerta a la localidad correntina, donde una defensa provisoria cedió ante la presión del agua y dejó viviendas anegadas. Algunas calles céntricas presentan alrededor de un metro de agua y hay casas con hasta un metro y medio en su interior. Las autoridades siguen las proyecciones hidrológicas ante la posibilidad de que el nivel continúe aumentando.

La crecida del río Paraná mantiene una situación crítica en Paso de la Patria, provincia de Corrientes, donde el nivel del agua alcanzó los 7,79 metros y provocó inundaciones en diferentes barrios, calles céntricas y viviendas. El avance del río obligó a numerosas familias a adoptar medidas para proteger sus pertenencias y, en algunos casos, abandonar sus hogares, mientras las autoridades locales continúan monitoreando la evolución de la cuenca ante la posibilidad de nuevas subas.

La situación genera preocupación no solamente por los sectores que ya se encuentran anegados, sino también por el comportamiento de los ríos Paraná y Paraguay, cuya confluencia frente a Paso de la Patria influye directamente sobre los niveles registrados en la localidad. Aunque algunos puntos de la alta cuenca presentan fluctuaciones o descensos, el agua continúa avanzando en determinados sectores de la ciudad correntina, donde las precipitaciones recientes agravaron las condiciones existentes.

En diálogo con el programa Amanecer no es poco, el periodista local Pedro Barbosa describió las dificultades que atraviesan los habitantes y advirtió que el panorama sigue siendo delicado. “Estamos muy complicados porque el río sigue subiendo”, afirmó, al explicar que la altura alcanzada superó las previsiones iniciales y comprometió sectores que habían sido protegidos mediante obras de emergencia.

Cedió una defensa provisoria y el agua ingresó a dos barrios

Uno de los episodios que agravó la emergencia fue la rotura de una defensa construida de manera provisoria para contener el avance del Paraná. Según relató Barbosa, la estructura había sido levantada en pocos días, ante una crecida que inicialmente se estimaba en torno a los 7,10 metros. Sin embargo, el río continuó aumentando su nivel hasta superar ampliamente esa previsión y la barrera terminó cediendo ante la presión del agua.

La rotura provocó el ingreso de agua a viviendas de dos barrios de Paso de la Patria, generando nuevas complicaciones para sus habitantes. “Hay muchas complicaciones en muchas casas”, señaló el periodista, al describir las consecuencias del avance del río sobre sectores residenciales que habían intentado resguardarse mediante la defensa provisoria.

El impacto de la inundación también se extendió hacia el centro de la localidad, donde algunas calles presentan aproximadamente un metro de agua. En determinadas viviendas, según el testimonio recogido, el nivel alcanzó alrededor de un metro y medio en el interior, una situación que dificulta la permanencia de sus ocupantes y obliga a organizar tareas de evacuación y asistencia.

Las lluvias registradas durante la noche contribuyeron a agravar el escenario, al sumar nuevas precipitaciones sobre una zona que ya se encontraba afectada por el crecimiento del río. La combinación de estos factores mantiene en alerta a las autoridades y a los vecinos, especialmente en los sectores más bajos y cercanos a la costa.

Familias autoevacuadas y viviendas de fin de semana afectadas

La crecida afecta tanto a los habitantes permanentes de Paso de la Patria como a propietarios de viviendas utilizadas durante fines de semana o temporadas turísticas. Según explicó Pedro Barbosa, numerosas casas de descanso pertenecen a familias que residen habitualmente en Corrientes capital y Resistencia, ciudades desde las cuales llegan visitantes a esta localidad ribereña.

El avance del agua sobre esos inmuebles genera pérdidas y dificultades para acceder a las propiedades, mientras que los residentes permanentes enfrentan problemas vinculados con la seguridad de sus viviendas y la necesidad de trasladar pertenencias. Algunas familias comenzaron a autoevacuarse ante el ingreso de agua, buscando alojamiento en sectores más seguros.

En paralelo, el municipio trabaja en la previsión de espacios para recibir a quienes deban abandonar sus hogares como consecuencia de la inundación. La disponibilidad de lugares de alojamiento y la coordinación de la asistencia resultan fundamentales ante un escenario que podría agravarse si el río continúa creciendo.

Una defensa de 8,50 metros protege a unos 3.000 habitantes

Uno de los principales puntos de preocupación es una defensa permanente cuyo coronamiento se encuentra a 8,50 metros, destinada a proteger barrios donde residen aproximadamente 3.000 personas. Según explicó Barbosa, esta infraestructura constituye una barrera importante frente al avance del agua, aunque su capacidad de protección dependerá de la evolución del nivel del río y de las condiciones que se registren durante los próximos días.

Con el Paraná ubicado en 7,79 metros, la diferencia respecto de la altura de coronamiento de esa defensa era de 71 centímetros al momento del registro informado. No obstante, la posibilidad de nuevas crecidas mantiene la atención puesta sobre el comportamiento del río y las proyecciones hidrológicas.

El periodista advirtió que, si el agua supera los 8,50 metros, la situación podría volverse considerablemente más compleja para los barrios protegidos por esa estructura. Por ese motivo, las autoridades continúan siguiendo los registros y evaluando las medidas necesarias para responder ante un eventual agravamiento de la emergencia.

La confluencia de los ríos Paraná y Paraguay complica el panorama

Una de las particularidades geográficas de Paso de la Patria es su ubicación próxima a la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, una condición que influye sobre el comportamiento de la crecida. Pedro Barbosa explicó que los niveles registrados en la localidad dependen de la evolución conjunta de ambos cursos de agua, por lo que una disminución en otros puertos de la región no necesariamente se traduce en un descenso inmediato frente a la ciudad.

Esta característica obliga a analizar los registros de diferentes puntos de la cuenca y no solamente las mediciones locales. Entre los sectores observados se encuentra la zona de Puerto Iguazú, donde la evolución del Paraná aporta información sobre el comportamiento de la alta cuenca y permite anticipar posibles variaciones aguas abajo.

Las autoridades también siguen los registros de otras localidades correntinas y las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), que constituyen una herramienta para evaluar los escenarios posibles y organizar las medidas preventivas.

Las proyecciones del INA mantienen la preocupación

Según relató Barbosa, las proyecciones hidrológicas difundidas por el Instituto Nacional del Agua encendieron nuevas señales de alerta ante la posibilidad de que el Paraná supere los niveles actuales. La evolución dependerá, entre otros factores, de las precipitaciones que se registren en sectores de Brasil y del comportamiento de los ríos Paraná y Paraguay en los próximos días.

El periodista recordó que la posibilidad de una crecida importante había sido advertida con anterioridad, aunque inicialmente algunas previsiones fueron consideradas exageradas. “Hace menos de dos semanas o tres semanas atrás decíamos que esto podría suceder en Paso de la Patria”, señaló, al referirse a los avisos realizados antes de que el agua alcanzara los sectores actualmente inundados.

La incertidumbre sobre el comportamiento de la cuenca mantiene a las autoridades y a los vecinos atentos a las nuevas mediciones. Si bien los niveles pueden presentar variaciones a lo largo de los próximos días, la continuidad de la crecida en Paso de la Patria obliga a sostener las medidas de prevención y asistencia

La emergencia hídrica también afecta a una de las principales actividades económicas de Paso de la Patria: el turismo, especialmente vinculado con sus playas, la pesca deportiva y las visitas de fin de semana. El avance del Paraná sobre diferentes sectores de la costa comprometió las condiciones habituales para disfrutar de los espacios recreativos, en una localidad que recibe visitantes de distintas provincias y países.

Barbosa explicó que algunos turistas brasileños continúan llegando debido a que habían contratado paquetes con anticipación, aunque las posibilidades de realizar actividades de playa se encuentran seriamente limitadas por la altura del río y las condiciones de seguridad.

La pesca deportiva, en cambio, mantiene parte de su movimiento habitual. Según el periodista, entre 50 y 60 embarcaciones continúan saliendo diariamente, aunque la situación general de la localidad está condicionada por la emergencia y por la evolución del agua.

Más allá de las consecuencias económicas y turísticas, la principal preocupación en Paso de la Patria está relacionada con las personas que viven en los sectores inundados y con la posibilidad de que el Paraná continúe aumentando su nivel. La presencia de agua en calles y viviendas, la rotura de una defensa provisoria y la cercanía del río a la altura de protección de otros barrios configuran un escenario que requiere seguimiento permanente.

Las autoridades locales trabajan en la organización de espacios de alojamiento y en la evaluación de las necesidades de las familias afectadas, mientras los habitantes de los sectores más comprometidos adoptan medidas de resguardo y, en algunos casos, deciden abandonar preventivamente sus hogares.

“No es una situación desesperada todavía, pero sí crítica”, resumió Pedro Barbosa, al describir el panorama que atraviesa la localidad correntina.

Con el río en 7,79 metros, barrios anegados y viviendas afectadas, Paso de la Patria permanece en alerta. La evolución de las lluvias y del comportamiento conjunto de los ríos Paraná y Paraguay será determinante para establecer si la emergencia comienza a estabilizarse o si será necesario ampliar las medidas de asistencia y evacuación.

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Histórico: Santa Fe cobró $110.000 millones de Nación por el déficit previsional y acordó compensaciones millonarias

ross — Thu, 22 Oct 2026 13:50:33 +0000

La Provincia recibió en efectivo fondos correspondientes al aporte de Anses a cuenta del déficit de la Caja de Jubilaciones de 2026. El entendimiento también contempla créditos por el Consenso Fiscal y obras públicas de vivienda, además de una deuda vinculada con el Club de París. El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó que Santa Fe logró recibir primero los recursos y luego descontar las obligaciones pendientes.

El Gobierno de Santa Fe recibió $110.000 millones del Estado nacional correspondientes a aportes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a cuenta del déficit previsional de la Caja de Jubilaciones provincial durante 2026. La operación se concretó mediante un acuerdo de compensación de obligaciones entre ambas jurisdicciones, que permitió reconocer créditos y deudas y establecer un saldo neto de $142.742 millones a favor de Santa Fe. Desde el Ministerio de Economía provincial destacaron que se trata de la mayor compensación de estas características alcanzada por la Provincia.

El entendimiento fue instrumentado a través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo que permite compensar compromisos económicos existentes entre el Gobierno nacional y las provincias. Para concretar la operación se utilizó parte de un adelanto de coparticipación de $400.000 millones que Santa Fe había recibido anteriormente, estableciendo nuevas condiciones para la devolución de esos fondos y el reconocimiento de las acreencias provinciales.

El ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, destacó que la operación permitió obtener recursos en efectivo y, al mismo tiempo, ordenar compromisos financieros acumulados entre ambas administraciones. “Lo que logramos es muy importante y conveniente para la Provincia por múltiples razones”, expresó, al explicar que el acuerdo fortalece las finanzas provinciales y permite sostener el funcionamiento de su sistema previsional.

Cómo se compensarán los $400.000 millones del adelanto

De acuerdo con el esquema informado, Santa Fe deberá devolver durante este año solamente el 22,5 % del adelanto de coparticipación, equivalente a $90.000 millones. Sobre los $310.000 millones restantes se aplicará la compensación de acreencias netas reconocidas por $142.742 millones, por lo que quedará un saldo de $167.258 millones sujeto a devolución o a futuras compensaciones.

La Provincia podrá cancelar ese monto en cuotas desde el próximo año, con una tasa de interés mensual del 1,25 %, o utilizar nuevos créditos reconocidos a su favor para reducir la obligación. Entre las acreencias que podrían considerarse en futuras negociaciones se encuentran las relacionadas con el alojamiento de personas detenidas por causas federales y otros compromisos pendientes de Anses vinculados con la Caja de Jubilaciones.

Olivares remarcó que la particularidad del entendimiento reside en que Santa Fe obtuvo previamente el reconocimiento y la transferencia de recursos, en lugar de limitarse a descontar obligaciones sin recibir fondos. “Más allá de los tecnicismos de los procedimientos, lo que hemos logrado es que el Gobierno nacional nos mande primero los fondos y de ahí ir descontando lo que nos deben”, resumió el funcionario.

El objetivo de preservar la Caja de Jubilaciones provincial

El ministro vinculó el acuerdo con la decisión política de sostener el sistema previsional santafesino dentro de la órbita provincial. En ese sentido, recordó que la Caja de Jubilaciones requiere aportes para cubrir su déficit y que la compensación con Nación representa una herramienta para fortalecer su financiamiento.

“Por un lado cobramos en dinero acreencias que nos debía el Estado nacional; por otro lado, porque es la primera vez que cobramos por adelantado aportes a cuenta del déficit de la Caja de Jubilaciones, y de esa forma apuntalamos el objetivo que nos pidió el gobernador Maximiliano Pullaro de cuidar la Caja de todos los jubilados provinciales y no tener que transferirla a Anses, con lo que eso implica. Y finalmente, porque construimos un mecanismo inédito”, enumeró Olivares.

El funcionario consideró que la operación representa un avance tanto por la disponibilidad inmediata de recursos como por el reconocimiento de obligaciones que se encontraban pendientes. El acuerdo también abre nuevas instancias de negociación para resolver otros compromisos financieros entre Santa Fe y el Estado nacional.

Los conceptos incluidos en la compensación

El monto neto de $142.742 millones surge de diferentes conceptos incorporados al entendimiento. Además de los $110.000 millones correspondientes al aporte previsional de Anses para 2026, se reconocieron $54.869 millones vinculados con la compensación del Consenso Fiscal, correspondientes al período comprendido entre 2023 y junio de 2026.

También se incluyeron $2.613 millones relacionados con el Acuerdo Marco de Colaboración en Materia de Obras Públicas de Vivienda. Por parte del Gobierno nacional, se incorporó una obligación provincial de $24.740 millones derivada de un convenio de subpréstamo correspondiente a una operatoria financiera del año 1997 vinculada con el Club de París.

Al compensar estos conceptos, el saldo resultante favorece a Santa Fe y permite reducir la porción del adelanto de coparticipación que todavía deberá devolver. La operación combina, de esta manera, el reconocimiento de fondos previsionales, compromisos fiscales y obligaciones históricas surgidas de acuerdos financieros entre ambas jurisdicciones.

Una obligación financiera que se remonta a 1997

Uno de los componentes del acuerdo tiene su origen en una operación realizada hace casi tres décadas. En 1997, el Gobierno nacional otorgó a Santa Fe un subpréstamo proveniente del Banco de Comercio Exterior de Japón, en el marco de compromisos financieros vinculados con el Club de París. Una ley provincial autorizó entonces a Nación a descontar el monto correspondiente de los fondos de coparticipación destinados a Santa Fe.

Posteriormente, en 2014 y 2022, el Gobierno nacional renegoció sus compromisos con el Club de París. Como consecuencia de esos procesos se determinó el monto adeudado por las provincias que habían participado de la operatoria original, cuya devolución se encontraba suspendida hasta la renegociación de las obligaciones nacionales.

La incorporación de esa deuda al nuevo entendimiento permite integrar un compromiso financiero de larga data dentro de un mecanismo más amplio de compensación de créditos y obligaciones recíprocas.

Nuevas negociaciones por fondos pendientes

Desde el Gobierno provincial señalaron que el acuerdo no representa el cierre de todas las diferencias económicas existentes con Nación. Por el contrario, establece un mecanismo que podría utilizarse para resolver otros créditos provinciales y continuar reduciendo obligaciones pendientes mediante futuras compensaciones.

Con la recepción de $110.000 millones en efectivo, el reconocimiento de $142.742 millones en acreencias netas y la posibilidad de refinanciar o compensar el saldo restante del adelanto de coparticipación, Santa Fe considera que logró un resultado favorable para sus cuentas públicas.

La administración provincial destacó especialmente que los fondos previsionales correspondientes a 2026 fueron reconocidos y percibidos por adelantado, en una operación que, según el ministro Pablo Olivares, contribuye a sostener la Caja de Jubilaciones y a fortalecer la autonomía financiera de la Provincia.

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Nación reduce de 128 a seis los medicamentos del programa Remediar

ross — Tue, 20 Oct 2026 11:32:11 +0000

El Ministerio de Salud de la Nación dispuso una modificación del esquema de distribución de medicamentos gratuitos a centros de atención primaria, que pasará a concentrarse en seis fármacos vinculados con enfermedades cardiovasculares. La medida deja fuera del nuevo plan medicamentos utilizados para tratar diabetes, trastornos de tiroides, afecciones respiratorias e infecciones, entre otras patologías. El concejal rosarino y exsecretario de Salud Leonardo Caruana advirtió sobre las consecuencias para los sistemas sanitarios provinciales.

El Gobierno nacional dispuso una profunda modificación del programa Remediar, una política sanitaria creada en 2002 para garantizar la distribución gratuita de medicamentos esenciales en centros de atención primaria de todo el país. Mediante la Resolución 1447/2026, el Ministerio de Salud de la Nación estableció un nuevo esquema que, según la información difundida, reduce de 128 a seis los medicamentos contemplados en la distribución nacional, concentrando las prestaciones en tratamientos vinculados con enfermedades cardiovasculares.

La decisión genera preocupación en la provincia de Santa Fe por las posibles consecuencias sobre el acceso a medicamentos de uso frecuente, especialmente entre las personas que dependen del sistema público de salud. El programa Remediar permitía distribuir medicamentos directamente a casi 6.000 centros de atención primaria de todo el país, incluidos establecimientos santafesinos, mediante un sistema de adquisición y provisión financiado por el Estado nacional. La modificación implica un cambio sustancial en la cobertura de esa política y plantea interrogantes sobre cómo se garantizará la continuidad de los tratamientos que quedan fuera del nuevo esquema.

El concejal de Rosario por el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) y exsecretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, cuestionó la decisión y la vinculó con un proceso de reducción de programas sanitarios nacionales. “Todos los meses, desde febrero de 2024, hay una definición en términos sanitarios de debilitar los programas nacionales”, sostuvo en declaraciones a Radio La Red Rosario. El exfuncionario consideró que el cambio tendrá consecuencias sobre los sistemas provinciales y municipales, que podrían verse obligados a asumir una mayor responsabilidad en la provisión de medicamentos.

De Remediar al Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030

De acuerdo con la información difundida sobre la resolución, el esquema de Remediar se reconvierte en el Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030, que concentrará la distribución de medicamentos en la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. El Gobierno nacional fundamenta esta orientación en la importancia epidemiológica de esas patologías, consideradas entre las principales causas de mortalidad en Argentina.

La nueva modalidad contempla seis medicamentos destinados a abordar problemas vinculados con la hipertensión arterial, los accidentes cerebrovasculares y las alteraciones del colesterol, entre otras afecciones cardiovasculares. Sin embargo, la reducción del listado implica que numerosas drogas utilizadas habitualmente en los centros de atención primaria dejarán de formar parte de esta vía nacional de distribución gratuita.

Entre los medicamentos que quedan fuera del esquema mencionado se encuentran la levotiroxina, utilizada para tratar trastornos de la tiroides; la metformina, indicada para personas con diabetes; la amoxicilina, uno de los antibióticos de uso frecuente; el salbutamol, empleado en determinadas enfermedades respiratorias; y distintos anticonceptivos, analgésicos, antiparasitarios y suplementos nutricionales.

Caruana señaló que estos tratamientos forman parte de la atención cotidiana de los centros de salud y no corresponden necesariamente a prestaciones de alta complejidad. “Tienen que ver con los cuidados para la diabetes, tiroides, salud sexual y reproductiva, medicamentos pediátricos”, explicó, y agregó: “No es medicación de alta complejidad”.

Qué medicamentos quedan fuera del nuevo esquema

La modificación alcanza a medicamentos utilizados para atender una amplia variedad de enfermedades y necesidades sanitarias. En el grupo de tratamientos vinculados con enfermedades crónicas aparecen la metformina, en diferentes presentaciones para pacientes con diabetes, y la levotiroxina, disponible anteriormente en dosis de 25, 50 y 100 microgramos para trastornos tiroideos. También figuran medicamentos utilizados para afecciones respiratorias, como el salbutamol en aerosol y solución para nebulizar, y la budesonida, sola o combinada con formoterol.

Entre los antibióticos incluidos en el listado anterior se encuentran la amoxicilina, la combinación de amoxicilina con ácido clavulánico, la azitromicina, la cefalexina, la ceftriaxona, la doxiciclina y otros principios activos empleados para tratar infecciones. También aparecen medicamentos de uso habitual como el ibuprofeno, el paracetamol, el omeprazol, la loratadina, el fluconazol, el metronidazol y las sales de rehidratación oral.

La lista comprende, además, tratamientos vinculados con la salud sexual y reproductiva, entre ellos anticonceptivos orales, inyectables e implantes; suplementos de hierro y ácido fólico; medicamentos para determinadas enfermedades infecciosas; y productos destinados a la atención pediátrica. La exclusión de estos principios activos del nuevo mecanismo nacional de provisión no significa necesariamente que hayan dejado de estar disponibles en todo el sistema sanitario, pero sí modifica una de las vías mediante las cuales llegaban gratuitamente a los centros de atención primaria.

El programa que nació en 2002 para garantizar medicamentos esenciales

El programa Remediar fue creado en 2002, en un contexto de profundas dificultades económicas y sociales, con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales a través de los centros de atención primaria de la salud. El mecanismo permitía que el Estado nacional adquiriera medicamentos mediante licitaciones y los distribuyera en las provincias, buscando sostener una cobertura territorial amplia y reducir las diferencias de acceso entre regiones.

Durante años, esta política se convirtió en una herramienta importante para la atención sanitaria en barrios y localidades de todo el país, especialmente entre personas sin cobertura privada o con dificultades económicas para adquirir sus tratamientos. Los medicamentos eran entregados a los centros de salud, donde los equipos profesionales podían indicarlos en el marco de las consultas y controles habituales.

Caruana, quien estuvo al frente de la Secretaría de Salud de Rosario durante ocho años, recordó el papel que tuvo Remediar dentro de la estrategia de atención primaria. Según explicó, la disponibilidad de medicamentos esenciales constituye una parte fundamental de la capacidad de respuesta de los centros barriales, junto con los equipos médicos, profesionales de enfermería y recursos de diagnóstico.

“Con equipos de médicos de cabecera, ginecólogos, pediatras y tecnología adecuada, en este caso los medicamentos esenciales, la atención primaria puede resolver el 85% de los problemas de salud de los barrios”, afirmó el exfuncionario, al destacar la importancia de garantizar tratamientos cerca del lugar donde viven los pacientes.

Preocupación por el impacto en Santa Fe y otras provincias

Uno de los principales cuestionamientos formulados por Leonardo Caruana está relacionado con las diferencias de recursos que existen entre los sistemas sanitarios provinciales. Según planteó, la reducción de la distribución nacional puede trasladar a las provincias y a los propios pacientes la responsabilidad de conseguir los medicamentos que ya no estarán incluidos en el nuevo programa.

Para el concejal rosarino, esta situación podría profundizar las desigualdades territoriales, ya que las provincias con mayor capacidad presupuestaria tendrían más posibilidades de compensar la reducción de las entregas nacionales. En cambio, aquellas con recursos más limitados podrían enfrentar mayores dificultades para sostener la provisión de medicamentos esenciales.

“Remediar era un programa que funcionaba bien”, sostuvo Caruana, quien también recordó que Santa Fe y Rosario cuentan con laboratorios de producción pública de medicamentos que participaron en licitaciones nacionales para abastecer a diferentes jurisdicciones. Según explicó, ese sistema permitía que la producción farmacéutica pública local contribuyera a una política sanitaria de alcance federal.

“Ahora es todo lo inverso y genera dificultades porque no es lo mismo atenderse en Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires que en otras provincias”, señaló. El dirigente advirtió que, a su entender, la decisión podría provocar que las provincias con mayores recursos económicos tengan mejores posibilidades de garantizar tratamientos, mientras otras enfrenten restricciones más importantes.

El riesgo de debilitar la atención primaria

Caruana sostuvo que la atención primaria cumple un papel fundamental en la prevención, el diagnóstico temprano y el seguimiento de enfermedades crónicas. La posibilidad de que una persona reciba controles médicos y acceda a su tratamiento en un centro de salud cercano a su domicilio contribuye a mantener la continuidad de la atención y puede evitar complicaciones que requieran internaciones o procedimientos de mayor complejidad.

En ese sentido, advirtió que la reducción de medicamentos disponibles mediante el esquema nacional podría generar consecuencias que trascienden la atención cotidiana de los centros barriales. “Hay enfermedades que generan complicaciones que terminan con pacientes internados o en terapias intensivas. También en servicios de alta complejidad, porque lo básico y preventivo deja de estar al alcance de los vecinos”, afirmó.

El exsecretario de Salud también cuestionó el impacto que la medida podría tener sobre la igualdad de acceso a los tratamientos. “Si cada provincia elige qué comprar se pierde un mínimo de acceso a la salud”, sostuvo, al señalar que la atención sanitaria requiere políticas coordinadas y mecanismos de distribución que contemplen las necesidades de las diferentes regiones.

Para Caruana, el cambio representa un retroceso en una política que durante más de dos décadas permitió acercar medicamentos a la población. “El fin del Remediar mata a la farmacia pública del barrio que teníamos hace 20 años”, expresó, en referencia al papel que cumplían los centros de salud en la entrega gratuita de tratamientos.

Qué puede cambiar para los pacientes

La modificación del programa nacional plantea interrogantes sobre la continuidad del suministro de medicamentos que anteriormente llegaban a los centros de atención primaria mediante Remediar. El impacto concreto dependerá de los mecanismos de provisión que mantengan o implementen las provincias, los municipios y otros programas sanitarios, así como de la disponibilidad de recursos para sostener las prestaciones.

Por este motivo, la exclusión de un medicamento del nuevo listado nacional no debe interpretarse automáticamente como la suspensión de todos los mecanismos gratuitos de acceso a ese tratamiento. Los pacientes que reciben medicación a través del sistema público deberán consultar en su centro de salud habitual cuáles serán las modalidades de provisión disponibles y cómo se garantizará la continuidad de sus indicaciones médicas.

La decisión nacional reabre el debate sobre el financiamiento de la atención primaria y la responsabilidad de los diferentes niveles del Estado en la distribución de medicamentos esenciales. Mientras el Gobierno nacional concentra el nuevo esquema en la salud cardiovascular, referentes sanitarios como Leonardo Caruana advierten sobre las consecuencias que podría tener la reducción de la cobertura para las personas que necesitan tratamientos de uso cotidiano.

En Santa Fe, donde la red de centros de atención primaria constituye una parte central del sistema público de salud, la evolución de esta medida y las respuestas que puedan ofrecer las autoridades provinciales serán determinantes para establecer su impacto sobre los pacientes y los equipos sanitarios.

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Diputados: por falta de quórum, el Gobierno evitó que se tratara la derogación del DNU 70/2023

ross — Fri, 16 Oct 2026 02:40:22 +0000

La oposición reunió 121 legisladores, ocho menos de los 129 necesarios para iniciar la sesión. Las ausencias de representantes de bloques provinciales y espacios dialoguistas resultaron determinantes. El megadecreto de Javier Milei continuará vigente, mientras el oficialismo prepara una nueva sesión para el 21 de octubre.

La Cámara de Diputados de la Nación no logró reunir el quórum necesario para debatir la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, una de las principales herramientas normativas utilizadas por el Gobierno de Javier Milei para implementar su programa de desregulación económica.

La sesión especial, convocada para el jueves a las 14, quedó sin efecto después de que transcurriera la media hora reglamentaria sin alcanzar los 129 legisladores necesarios para habilitar el debate.

En el recinto se encontraban 121 diputados, por lo que faltaron ocho para completar el quórum. El resultado permitió al oficialismo evitar el tratamiento de una iniciativa que, de prosperar, podría haber provocado la derogación definitiva del decreto, previamente rechazado por el Senado.

La convocatoria también incluía proyectos relacionados con el endeudamiento de las familias y la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta diciembre de 2027.

Las ausencias que definieron la sesión

La falta de quórum volvió a mostrar el peso de los bloques provinciales y de los espacios dialoguistas en el funcionamiento de la Cámara Baja.

Los sectores opositores necesitaban reunir a prácticamente todos los legisladores que cuestionaban el DNU, pero no consiguieron la asistencia suficiente.

Entre las ausencias señaladas estuvieron tres diputados del bloque Independencia de Tucumán, buena parte de los integrantes de Provincias Unidas y el legislador misionero Daniel “Colo” Vancsik, de Argentina Federal.

Las crónicas parlamentarias vincularon algunas de estas ausencias con sectores políticos cercanos a gobernadores que mantienen canales de negociación abiertos con la Casa Rosada. De esta manera, la oposición quedó a ocho bancas de poder iniciar el debate.

Cómo se posicionaron los diputados santafesinos

La participación de los representantes de Santa Fe reflejó las diferencias políticas alrededor del decreto.

Por Unión por la Patria estuvieron presentes los seis diputados santafesinos: Germán Martínez, Diego Giuliano, Caren Tepp, Florencia Carignano, Alejandrina Borgatta y Agustín Rossi.

También asistieron los socialistas de Provincias Unidas Esteban Paulón y Pablo Farías. En cambio, los diputados de La Libertad Avanza no participaron de la sesión, en línea con la estrategia parlamentaria del oficialismo.

Entre ellos se encontraban Nicolás Mayoraz, Romina Diez, Rocío Bonacci, Juan Montenegro, Alejandro Bongiovanni, Agustín Pellegrini, Valentina Ravera, Verónica Razzini y Yamile Tomassoni.

Tampoco estuvieron presentes los diputados santafesinos del PRO que integran Provincias Unidas, Gisela Scaglia y José Núñez.

La Ley de Tierras, en el centro de la negociación

El fracaso de la sesión estuvo precedido por una negociación legislativa relacionada con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El miércoles, La Libertad Avanza, el PRO y sectores del radicalismo consiguieron un dictamen de mayoría para ese proyecto.

Durante el tratamiento en comisiones se incorporaron dos artículos que modifican uno de los puntos más controvertidos del DNU 70/2023.

La nueva redacción propone dejar sin efecto el artículo 154 del decreto y restituir la vigencia de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, que establece restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Esta modificación ofreció una alternativa a los legisladores que cuestionaban específicamente la eliminación de esos límites, pero no necesariamente estaban dispuestos a rechazar la totalidad del megadecreto.

El diputado radical Diógenes González defendió la propuesta y sostuvo que “la ley de tierras recobra vigencia por ley sin afectar la seguridad jurídica”.

Desde la oposición, Myriam Bregman había advertido que se trataba de “una maniobra para que mañana no haya quorum” en la sesión destinada a rechazar el DNU.

El Decreto 70/2023 ya había sido rechazado por el Senado de la Nación en marzo de 2024.

De acuerdo con la Ley 26.122, que regula el tratamiento legislativo de los decretos de necesidad y urgencia, un DNU pierde vigencia cuando ambas cámaras del Congreso lo rechazan.

Por ese motivo, si Diputados hubiera conseguido abrir la sesión y posteriormente aprobado su rechazo, el decreto habría quedado derogado.

La norma introdujo modificaciones en numerosas áreas de la economía y la actividad privada. Entre ellas se encuentran regulaciones relacionadas con alquileres, comercio, medicina prepaga, transporte y tarjetas de crédito.

Parte de sus disposiciones originales ya fueron modificadas posteriormente por otras leyes o alcanzadas por decisiones judiciales.

Tras confirmarse la falta de quórum, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, celebró el resultado: “Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento”, expresó.

El titular de la Cámara Baja también sostuvo que el país “no va a retroceder”. Para el oficialismo, el resultado significó evitar una votación que podía poner en riesgo la continuidad del decreto.

Para los sectores opositores, en cambio, representó la imposibilidad de avanzar con un debate que consideraban prioritario.

Nueva sesión prevista para el 21 de octubre

Aunque la sesión especial fracasó, varios de los temas incluidos en el temario volverán a ser tratados en los próximos días.

El oficialismo convocó a una nueva sesión para el 21 de octubre, en la que pretende avanzar con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

También se prevé abordar iniciativas vinculadas con discapacidad y endeudamiento. En cambio, la derogación del DNU 70/2023 no forma parte de esa nueva convocatoria.

Por lo tanto, el decreto continuará vigente mientras no se produzca una decisión legislativa o judicial que modifique su situación.

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El Niño: Santa Fe mantiene el monitoreo de los ríos y refuerza las tareas de prevención

ross — Wed, 14 Oct 2026 13:41:04 +0000

La vocera provincial, Virginia Coudannes, aseguró que los niveles de los cursos de agua santafesinos se mantienen dentro de los parámetros habituales. El Gobierno destacó las tareas de limpieza de canales, obras de defensa, alteos y coordinación con municipios y comunas ante posibles contingencias.

El Gobierno de Santa Fe informó que continúa con las tareas de monitoreo de los ríos y prevención de riesgos hídricos ante la evolución del fenómeno climático El Niño, que podría generar un aumento de las precipitaciones durante los próximos meses.

La vocera del Ejecutivo provincial, Virginia Coudannes, aseguró que, por el momento, los niveles de los principales cursos de agua en territorio santafesino se mantienen dentro de los valores habituales.

La funcionaria explicó que la Provincia desarrolla trabajos de limpieza de canales, mantenimiento de infraestructura hídrica y coordinación con municipios y comunas para anticipar posibles situaciones de emergencia.

“Por ahora, los niveles del río en lo que tiene que ver con la zona de la provincia de Santa Fe no vienen generando un aumento por encima del promedio que tienen que tener”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de preocupación por los desbordes registrados en algunos ríos del norte del Litoral y por las perspectivas climáticas asociadas a El Niño.

Monitoreo permanente de los cursos de agua

Coudannes señaló que el seguimiento de la situación hídrica se realiza mediante los organismos provinciales encargados de la prevención y respuesta ante emergencias.

Entre ellos mencionó al Comité Operativo de Emergencia, que trabaja a través de Protección Civil para analizar los escenarios que puedan presentarse.

Este esquema permite evaluar la evolución de los ríos y coordinar las acciones necesarias cuando se emiten alertas.

La funcionaria remarcó que, aunque actualmente no se observan incrementos superiores a los parámetros habituales, el monitoreo continúa de manera permanente.

Limpieza de canales troncales

Uno de los principales ejes del trabajo preventivo es la limpieza de los canales troncales ubicados en diferentes sectores de Santa Fe.

Estas intervenciones buscan mejorar el escurrimiento del agua ante episodios de lluvias intensas y reducir posibles complicaciones en zonas urbanas y rurales.

“Continuamos con la limpieza de los canales troncales sur, del centro y del norte”, indicó Coudannes.

La funcionaria destacó que los trabajos se realizan de manera sostenida en distintos puntos del territorio provincial.

Las tareas forman parte de un esquema de mantenimiento y prevención que busca mejorar las condiciones de drenaje.

Obras de defensa, alteos y caminos rurales

Además de la limpieza de canales, el Gobierno provincial mantiene intervenciones vinculadas con defensas hídricas, alteos y caminos rurales.

Estas obras tienen como objetivo mejorar la capacidad de respuesta de la infraestructura ante posibles lluvias extraordinarias y aumentos en los niveles de los cursos de agua.

Coudannes explicó que la planificación no comenzó con las actuales previsiones climáticas.

Según señaló, el Gobierno viene desarrollando tareas de prevención desde 2024, incluso durante el período de sequía.

La funcionaria destacó la importancia de anticiparse a los cambios en las condiciones hídricas y sostener las intervenciones más allá de las situaciones de emergencia.

Coordinación con municipios y comunas

Otro de los puntos centrales de la estrategia provincial es la articulación con los gobiernos locales.

Coudannes explicó que las tareas preventivas y el seguimiento de alertas se coordinan con municipios y comunas, teniendo en cuenta las características de cada territorio.

En particular, mencionó el trabajo conjunto con la ciudad de Santa Fe y con administraciones locales de distintos departamentos.

La intervención de Protección Civil permite organizar acciones de prevención y respuesta en función de los escenarios que se presenten.

Sin aumentos extraordinarios por el momento

Según la información difundida por el Gobierno provincial, los niveles actuales de los ríos santafesinos no muestran incrementos por encima de los valores habituales.

No obstante, las autoridades consideran necesario mantener el seguimiento de las precipitaciones y del comportamiento de las cuencas hídricas.

La Provincia continuará con los trabajos de infraestructura, limpieza de canales y coordinación territorial como parte de la estrategia de preparación ante los posibles efectos de El Niño.

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Financiamiento universitario: 60 rectores exigieron que se cumpla la ley y convocaron a una marcha federal

ross — Thu, 08 Oct 2026 21:55:30 +0000

El Consejo Interuniversitario Nacional reunió a autoridades de universidades públicas en el Cabildo de Buenos Aires y ratificó una movilización para el 15 de octubre. El reclamo se produjo después de que un juez federal declarara inconstitucional una disposición del Decreto 759/2025 y ordenara al Gobierno nacional aplicar la Ley 27.795.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reunió este miércoles a rectores de 60 universidades de todo el país en el Cabildo de Buenos Aires para reclamar al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795 y la incorporación de las partidas necesarias para su aplicación en el Presupuesto.

Durante el encuentro, las autoridades universitarias ratificaron la convocatoria a una marcha federal para el próximo 15 de octubre, en medio de la disputa por los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones, los salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles.

La reunión se desarrolló un día después de que el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, declarara inconstitucional una disposición del Decreto 759/2025, mediante la cual el Poder Ejecutivo había condicionado la ejecución de la ley.

El magistrado ordenó al Gobierno avanzar de manera inmediata con su cumplimiento. La resolución fue dictada en primera instancia y el Ejecutivo anticipó que apelará.

Un encuentro en el Cabildo de Buenos Aires

El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, explicó que la elección del Cabildo como sede buscó darle un carácter institucional y público al reclamo.

“Transformamos esta reunión del comité ejecutivo en una especie de cabildo abierto en defensa de la universidad pública argentina para exigir el cumplimiento de la ley y en defensa de la institucionalidad”, sostuvo.

Bartolacci cuestionó la falta de respuestas del Poder Ejecutivo frente a las demandas presupuestarias del sistema universitario.

“Es insólito que no tengamos respuestas”, afirmó.

Los rectores insistieron en que el cumplimiento de la legislación requiere que el Estado nacional incorpore las partidas correspondientes al Presupuesto y avance con las medidas administrativas necesarias para garantizar su ejecución.

Qué resolvió la Justicia

El fallo conocido el martes 6 de octubre declaró inconstitucional la referencia al artículo 5.º de la Ley 24.629 incorporada en el Decreto 759/2025.

Esa disposición había sido utilizada por el Gobierno nacional para condicionar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la identificación de fuentes de financiamiento y a la inclusión de las partidas necesarias en el Presupuesto.

El juez Cormick ordenó al Poder Ejecutivo dictar las normas reglamentarias y administrativas correspondientes para garantizar el cumplimiento inmediato de la Ley 27.795.

La decisión judicial surgió de los amparos presentados por el CIN y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La ley contempla medidas relacionadas con el financiamiento de las universidades nacionales, la recomposición salarial de docentes y no docentes y las becas destinadas a estudiantes.

El conflicto por la aplicación de la ley

La disputa se profundizó después de que el Congreso aprobara la Ley 27.795 y el Poder Ejecutivo intentara vetarla.

El veto fue rechazado por ambas cámaras con las mayorías requeridas y posteriormente el Gobierno promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025, aunque condicionó su implementación.

Esa decisión derivó en nuevas presentaciones judiciales de las universidades.

En resoluciones anteriores, Cormick ya había dispuesto medidas vinculadas con la actualización de salarios y el financiamiento de becas estudiantiles.

Según los antecedentes judiciales citados en el reclamo, esas medidas cautelares fueron confirmadas por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y, en junio de 2026, la Corte Suprema desestimó un recurso extraordinario presentado por el Estado.

Por su parte, el Gobierno nacional sostuvo que las recomposiciones salariales acumuladas desde diciembre de 2023 alcanzaron el 226,8 %, una cifra que, según su interpretación, superó la inflación tomada como referencia.

La suficiencia de esas actualizaciones y los recursos necesarios para sostener el funcionamiento universitario continúan siendo puntos centrales de la controversia.

Marcha federal el 15 de octubre

En este contexto, el CIN ratificó la realización de una nueva movilización federal universitaria para el jueves 15 de octubre.

Los rectores también mantienen contactos con gobernadores y legisladores nacionales para solicitar que el proyecto de Presupuesto contemple las partidas necesarias para las universidades públicas.

El conflicto suma así un nuevo capítulo judicial e institucional: mientras la Justicia ordenó avanzar con la aplicación de la ley y el Gobierno anticipó que recurrirá la resolución, las autoridades universitarias profundizan sus reclamos y preparan una nueva jornada de movilización en todo el país.

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Murió Chiche Gelblung a los 82 años, una figura histórica del periodismo argentino

ross — Wed, 09 Sep 2026 16:19:16 +0000

Samuel “Chiche” Gelblung falleció este miércoles 9 de septiembre luego de permanecer internado en terapia intensiva por un cuadro respiratorio. Periodista gráfico, corresponsal de guerra y conductor de radio y televisión, desarrolló una carrera de seis décadas y dejó una marca particular en los medios argentinos.

El periodista y conductor Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles 9 de septiembre a los 82 años, luego de permanecer internado por complicaciones en su estado de salud. La noticia fue confirmada durante las primeras horas de la mañana por Crónica TV, señal en la que trabajó durante los últimos años.

Gelblung había sido internado nuevamente a comienzos de esta semana debido a dificultades respiratorias y permanecía en terapia intensiva. Durante 2026 había atravesado además diferentes problemas de salud e internaciones.

Su muerte generó numerosas expresiones de despedida dentro del periodismo, la televisión, el espectáculo y la política, ámbitos que atravesó durante una extensa carrera caracterizada por un estilo directo, irónico y muchas veces polémico.

Más de seis décadas dedicadas al periodismo

Nacido el 7 de febrero de 1944 en Buenos Aires, Gelblung comenzó a trabajar en el periodismo durante la década de 1960 y desarrolló buena parte de sus primeros años profesionales en la revista Gente, de Editorial Atlántida.

Allí se desempeñó como cronista y posteriormente ocupó lugares de conducción editorial. Su carrera en el periodismo gráfico lo llevó además fuera del país para realizar coberturas de acontecimientos internacionales.

Entre sus trabajos más recordados se encuentra la cobertura de la Guerra de los Seis Días, en 1967. También viajó como enviado a la Guerra de Vietnam, experiencias que formaron parte de sus años como corresponsal de guerra.

Con el paso de los años, su actividad se expandió de la gráfica hacia la radio y la televisión, medios en los que terminó convirtiéndose en una de las figuras reconocibles del periodismo argentino.

“Memoria”, uno de los programas que marcó su carrera

Durante la década de 1990, Gelblung alcanzó una enorme popularidad televisiva con “Memoria”, ciclo emitido por Canal 9 que se transformó en uno de los programas emblemáticos de su trayectoria.

El formato combinaba investigaciones periodísticas, casos policiales, acontecimientos políticos, historias de fuerte impacto social y fenómenos extraordinarios o paranormales.

El programa quedó asociado a una estética y una forma de narrar que Gelblung convirtió en parte de su identidad televisiva, con reconstrucciones, informes e investigaciones que generaron tanto repercusión como controversias.

A lo largo de los años también encabezó numerosos espacios televisivos y radiales, entre ellos “Hola Chiche” y “Chiche en vivo”, además de integrar otros ciclos de actualidad y debate.

Una carrera atravesada por reconocimientos y polémicas

Gelblung recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria.

Entre ellos figuran premios Martín Fierro por su trabajo periodístico en radio y televisión y un Premio Konex en Comunicación y Periodismo, además de diferentes distinciones vinculadas con su extensa carrera en los medios.

Su forma de ejercer el oficio también estuvo acompañada por controversias. Su búsqueda permanente de historias de impacto y su particular manera de abordar determinados temas hicieron de Gelblung una figura capaz de generar reconocimiento, críticas y debates a lo largo de distintas etapas del periodismo argentino.

Pese a los problemas de salud que atravesó durante sus últimos meses, continuó trabajando prácticamente hasta el final de su vida. Sus colegas destacaron especialmente su obsesión por la información, su trabajo como editor y productor y la exigencia que mantenía sobre los equipos periodísticos.

Con su muerte se cierra una trayectoria de más de seis décadas que atravesó el periodismo gráfico, la fotografía, la radio y la televisión, desde las grandes coberturas internacionales de sus primeros años hasta la actualidad cotidiana de los medios argentinos.

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