El informe también muestra un aumento sostenido de las internaciones por cuadros graves y mantiene el llamado a completar los esquemas de vacunación para los grupos de mayor riesgo.

Aumentan las internaciones

El informe oficial señala que la actividad de la influenza comenzó a crecer de manera sostenida y continúa en ascenso. Actualmente representa el principal virus respiratorio detectado en la vigilancia epidemiológica nacional.

Entre los casos confirmados, el 93% corresponde a Influenza A y, dentro de ese grupo, el 98% pertenece al subtipo A(H3N2), que se convirtió en el predominante durante esta temporada invernal.

Además, la caracterización genética realizada por el Laboratorio Nacional de Referencia determinó que el 94% de las muestras analizadas corresponde al subclado J.2.4.1/(K), mientras que los casos de Influenza B representan apenas el 7% de las muestras tipificadas y pertenecen al linaje Victoria.

El crecimiento de la circulación viral también se refleja en las internaciones por Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG). Durante las primeras 18 semanas del año se notificaron 2.672 hospitalizaciones, con una tendencia ascendente desde la semana epidemiológica 11, en coincidencia con el incremento de la influenza.

Cómo evolucionó la situación respecto del boletín anterior
La comparación entre el Boletín Epidemiológico Nacional N.º 812 y el informe previo muestra que la temporada respiratoria continúa intensificándose.

Mientras en semanas anteriores ya se observaba un incremento de las consultas por Enfermedad Tipo Influenza (ETI), el nuevo reporte confirma que los casos superaron los niveles esperados desde la semana epidemiológica 11 hasta la 20, consolidando una tendencia ascendente.

La neumonía también mantiene un comportamiento creciente desde la semana 7 y actualmente oscila entre los niveles considerados «esperados» y de «alerta», una situación que obliga a mantener un seguimiento permanente.

En el caso de la bronquiolitis en menores de dos años, el panorama nacional continúa dentro de los valores habituales para esta época del año. Sin embargo, el boletín incorpora un dato puntual que preocupa: en Tucumán se notificaron 177 casos durante la semana epidemiológica 21, principalmente en bebés de entre tres y seis meses.

Otro aspecto destacado es la evolución de la positividad de los virus respiratorios. En comparación con los boletines anteriores, la influenza incrementó de manera significativa su presencia hasta alcanzar el 45,6% de positividad en la semana 22.

Por el contrario, el SARS-CoV-2 mantiene una circulación baja durante todo 2026 luego del incremento observado hacia finales del año pasado.

El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) continúa con una circulación limitada en pacientes ambulatorios, aunque presenta un leve aumento entre los casos internados por infecciones respiratorias graves.

El boletín también resalta un fortalecimiento del sistema nacional de vigilancia epidemiológica. Hasta la semana 20 de este año se publicaron 104 informes epidemiológicos, una cifra superior a la registrada durante el mismo período de 2025 y ampliamente mayor a la de 2024.

Cuáles son los síntomas de la influenza A(H3N2)

El Ministerio de Salud recuerda que la influenza A(H3N2), responsable de la mayoría de los casos detectados este año, suele comenzar de manera repentina.

Los principales síntomas incluyen fiebre de 38 grados o más, tos, dolor muscular, dolor de garganta, malestar general y cansancio intenso.

En los cuadros graves pueden aparecer dificultades para respirar, situación que requiere atención médica inmediata.

En los lactantes menores de seis meses los especialistas también vigilan la aparición de apnea, episodios de interrupción de la respiración o signos compatibles con sepsis, especialmente cuando presentan fiebre o hipotermia.

Frente a la sospecha de influenza en personas con factores de riesgo, el Ministerio recomienda iniciar tratamiento con oseltamivir dentro de las primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas, incluso antes de contar con la confirmación del laboratorio.

Vacunas y medidas de prevención para reducir el riesgo

Las autoridades sanitarias insisten en que la vacunación continúa siendo la herramienta más efectiva para disminuir las complicaciones y las hospitalizaciones durante la temporada invernal.

La vacuna antigripal está indicada para el personal de salud, personas embarazadas, puérperas que no hayan sido vacunadas durante la gestación, niños de entre seis y 24 meses, mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas y personal estratégico.

En tanto, la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) está destinada a las embarazadas, con el objetivo de proteger a los recién nacidos durante los primeros meses de vida.

Además, el Ministerio recomienda mantener actualizadas las vacunas contra el COVID-19, neumococo, Haemophilus influenzae tipo B y Bordetella pertussis, de acuerdo con el Calendario Nacional de Vacunación.

A estas medidas se suman recomendaciones que siguen siendo fundamentales para reducir la transmisión de virus respiratorios:

Lavarse frecuentemente las manos, ventilar los ambientes, cubrirse al toser o estornudar con el pliegue del codo, desinfectar superficies de uso frecuente y evitar el contacto con otras personas mientras persistan los síntomas y hasta haber permanecido al menos 24 horas sin fiebre y sin utilizar medicación para bajarla.

El escenario epidemiológico muestra que el invierno comenzó con una circulación intensa de influenza y un crecimiento sostenido de las consultas y hospitalizaciones.

Ante este panorama, los especialistas remarcan que la vacunación oportuna, el diagnóstico precoz y el cumplimiento de las medidas de prevención siguen siendo las principales herramientas para disminuir el impacto de las infecciones respiratorias en la población.

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El costo de criar a un niño sube, pero en mayo, por primera vez en meses, lo hizo a un ritmo menor que la inflación general, según datos del INDEC. El costo de criar a un niño sube, pero en mayo, por primera vez en meses, lo hizo a un ritmo menor que la inflación general, según datos del INDEC.

La canasta de crianza volvió a aumentar, aunque esta vez por debajo de la inflación general. A diferencia de abril, cuando la canasta de crianza había corrido por encima del IPC, en mayo los incrementos mensuales quedaron por debajo de la inflación general, que fue de 2,1%. Las subas fueron de 1,72% para menores de un año, 1,73% para el grupo de 1 a 3 años, 1,80% para 4 a 5 años y 1,79% para 6 a 12 años.

Así lo indicó el informe de Valorización mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia publicado este martes por el INDEC. Según la medición, el costo mensual para sostener a un menor de un año ya superó el medio millón de pesos. En concreto, llegó a $520.569. Para el tramo de 1 a 3 años, la cifra fue de $620.125; para niñas y niños de 4 a 5 años, $529.756; y para el segmento de 6 a 12 años, $665.950.

El indicador no mide una canasta familiar completa ni sólo el precio de alimentos, ropa o transporte. El organismo precisa que la canasta “incluye tanto el costo mensual para adquirir los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes, así como el costo de cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad”.

La crianza aparece medida en dos dimensiones: lo que se compra y el tiempo que se dedica a cuidar. Para estimar el primer componente, el organismo toma como referencia la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires. Para el segundo, valoriza las horas requeridas según la remuneración de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del régimen de casas particulares.

Valores de mayo

En mayo, el tramo de mayor costo volvió a ser el de 6 a 12 años, con $665.950. Allí, el componente de bienes y servicios fue de $346.321 y el costo del cuidado, de $319.628. Es la franja donde ambas partes aparecen más equilibradas.

En cambio, en los primeros años de vida, el cuidado pesa mucho más. Para menores de un año, el costo de bienes y servicios fue de $169.760, mientras que el cuidado llegó a $350.809. El total: $520.569.

Los costos de crianza en mayo crecieron menos que la inflación general, con aumentos de entre 1,72% y 1,80% según la edad, según el INDEC.

Para niñas y niños de 1 a 3 años, el costo de bienes y servicios se ubicó en $219.200 y el del cuidado en $400.925, llevando la canasta total a $620.125. Es el segundo valor más alto de todo el informe y muestra el peso económico de una etapa en la que la demanda de tiempo sigue siendo muy elevada.

En el tramo de 4 a 5 años, la canasta total fue de $529.756. Allí los bienes y servicios sumaron $279.178 y el cuidado, $250.578. La escolarización comienza a modificar la composición del índice, al reducir la cantidad de horas teóricas de cuidado respecto de los primeros años.

Una base alta

El movimiento mensual fue más moderado que el de abril. El mes anterior, la canasta había subido entre 3,2% y 3,5%, por encima del 2,6% del IPC. En mayo, en cambio, todos los tramos quedaron por debajo del 2,1% de inflación general.

La comparación inmediata muestra el cambio de ritmo. El costo para menores de un año pasó de $511.763 en abril a $520.569 en mayo. En el grupo de 1 a 3 años, subió de $609.574 a $620.125. Para 4 a 5 años avanzó de $520.413 a $529.756. Y entre 6 y 12 años pasó de $654.221 a $665.950.

En los primeros cinco meses del año, los aumentos acumulados se ubicaron entre 9,3% y 9,6%, según el tramo etario, por debajo del 14,7% acumulado por el IPC general. Ese desacople se explica por la evolución más contenida de los componentes que integran el indicador: la Canasta Básica Total usada para bienes y servicios, y las remuneraciones del personal de casas particulares utilizadas para valorizar el cuidado.

Para calcular el costo del cuidado se considera un tiempo teórico requerido por cada edad. En mayo, computó 147 horas mensuales para menores de un año, 168 horas para niñas y niños de 1 a 3 años, 105 horas para el tramo de 4 a 5 años y 84 horas para los de 6 a 12. A esas horas les asignó un valor. Para los grupos de hasta 5 años, el costo por hora fue de $2.386. Para el tramo de 6 a 12 años, de $3.805.

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El deterioro del poder adquisitivo en Argentina ya no solo se mide en la pérdida de ingresos frente a la inflación, sino también en la forma en que las familias financian su vida cotidiana. Según el último relevamiento del Instituto de Estadística y Tendencias Sociales y Económicas del Centro de Almaceneros de Córdoba, el 91,7% de los hogares mantiene algún tipo de deuda en mora o refinanciada, un indicador que expone la profundidad de la crisis

Germán Romero -presidente de la entidad- sostuvo que el fenómeno dejó de ser coyuntural para transformarse en estructural. “Hoy la deuda ya no está vinculada al consumo de bienes durables, sino a la supervivencia. Las familias se endeudan para comer”, resumió

El dato más alarmante del estudio, concluido el 16 de marzo de 2026 sobre una muestra de 4.200 casos en todo el país, es la aceleración del endeudamiento múltiple. El 23,5% de los hogares acumula más de tres deudas simultáneas, cuando en 2024 ese segmento representaba apenas el 8%. “Se triplicó en dos años. Eso marca un nivel de inviabilidad económica muy fuerte”, explicó Romero

En términos de intensidad, el informe muestra que seis de cada diez hogares tienen entre dos y tres deudas, mientras que apenas el 14,7% registra una sola obligación. Para el dirigente, este escenario configura una “acumulación crónica de pasivos” que se vuelve cada vez más difícil de revertir

Tarjetas para comer

El estudio también revela un cambio significativo en el destino del crédito. Las tarjetas concentran el 34,5% del endeudamiento total y, dentro de ese universo, el 61% se utiliza exclusivamente para la compra de alimentos. “Antes la tarjeta estaba asociada a electrodomésticos o consumo planificado; hoy se usa para ir al supermercado”, detalló Romero.

Detrás aparecen los gastos en combustible (15%), indumentaria (9%) y electrodomésticos (7%), todos rubros que evidencian una retracción frente a las necesidades básicas.

En paralelo, crece el peso del “fiado” en comercios de cercanía (11,5%), una práctica histórica que vuelve a cobrar protagonismo en contextos de crisis. Sin embargo, el titular del Centro de Almaceneros advirtió que incluso esa red de contención comienza a tensionarse. “El comerciante también está financiando con su propio capital y eso tiene un límite”, señaló.

Más mora, más juicios

Otro de los puntos críticos es el avance de la judicialización. Actualmente, el 34,5% de las deudas se encuentra en instancia judicial, un salto significativo respecto del 22% registrado en 2024. A su vez, el 47% está bajo gestión administrativa (reclamos formales), lo que anticipa una posible escalada hacia tribunales.

“Lo que vemos es un sistema que empieza a expulsar a los deudores. Cuando no pueden pagar, pasan a instancias donde los intereses y honorarios agravan aún más la situación”, explicó Romero.

El impacto ya se refleja en medidas concretas: el 16,8% de los hogares sufrió embargos sobre sueldos, bienes o cuentas bancarias, una cifra que da cuenta del nivel de conflictividad financiera.

Un tejido social en tensión

El informe también advierte sobre un cambio en las estrategias de financiamiento. Las redes informales —familiares y amigos— pierden peso porque el problema se generaliza. “Antes se recurría al entorno cercano; hoy todos están en la misma situación. Eso empuja a las familias hacia financieras o prestamistas, muchas veces en condiciones riesgosas”, indicó Romero.

En este contexto, crece la percepción de imposibilidad de pago: el 37% de los encuestados afirma que no podrá saldar sus deudas, mientras que un 19% directamente no sabe cómo resolver su situación.

Para el referente del sector, el escenario plantea un desafío de fondo: “Estamos frente a una crisis que no es solo económica, sino social. Cuando el endeudamiento se vuelve estructural, empieza a romper vínculos, expectativas y proyectos de vida”.

El diagnóstico es contundente: la deuda dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a ser un recurso de emergencia. Y, en muchos casos, una trampa de la que cada vez es más difícil salir.

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Luego de que el Gobierno cerrara el período de sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación con la aprobación de la reforma laboral, este viernes se promulgó la denominada Ley de Modernización Laboral. Después de una semana puliendo detalles, la medida fue publicada en el Boletín Oficial

La norma, que fue registrada como Ley Nº 27.802, comenzó a regir esta madrugada, apenas se emitió el Decreto 137/2026,que contó con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La norma fue publicada con un total de 25 capítulos luego de que fuera sometida a una serie de revisiones que resultaron en la eliminación de los artículos que planteaban una modificación en el régimen de licencias médicas.

En este sentido, la mayor cantidad de cambios se daría en materia de indemnizaciones, salario, vacaciones, duración de la jornada laboral, los derechos colectivos y el funcionamiento de los sindicatos. Además, se incluirán beneficios para formalizar empleo y un régimen para inversiones medias.

Indemnizaciones y salario

A partir de la modificación del sistema de indemnizaciones por despido, se introdujo una batería de modificaciones en la legislación laboral, con el propósito de abaratar los despidos y garantizar el pago de indemnizaciones. Este nuevo esquema excluyó del cálculo conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas y premios, a la vez que estableció un piso mínimo y un máximo.

El rediseño del régimen estableció que la indemnización por despido no podrá superar el equivalente a tres veces el salario promedio mensual fijado en cada convenio colectivo de la actividad correspondiente. Para el mínimo, fijó un piso del 67% de la remuneración habitual. Si la aplicación del tope convencional reduce la base salarial a una cifra inferior, dicha reducción no podrá superar el 33%.

Otra de las modificaciones prevé que las grandes empresas puedan abonar las sumas derivadas de sentencias de despidos en hasta seis cuotas mensuales, mientras que las pymes contarán con la posibilidad de extenderse hasta 12 cuotas. Además, se incorporó un esquema de actualización de las indemnizaciones judiciales solo por inflación, con un adicional del 3% anual.

También se crearán los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), financiados de manera obligatoria con el 1% de las contribuciones patronales en el caso de grandes empresas y el 2,5% para pymes. Estos fondos garantizarán el pago de las indemnizaciones a través de cuentas inembargables, bajo control directo de la Comisión Nacional de Valores.

Respecto a los salarios, la reforma incorporó el “salario dinámico”, que puede ser pactado en los convenios colectivos y que ata la remuneración al rendimiento o mérito individual. Asimismo, se estableció que el pago deberá realizarse exclusivamente por vía bancaria.

Vacaciones y jornada laboral

En materia de vacaciones, la nueva norma sostiene la obligatoriedad de otorgarlas entre el 1 de octubre y el 30 de abril. No obstante, permite que ambas partes acuerden su fraccionamiento, siempre y cuando el período no sea inferior a siete días corridos.

Por otro lado, se habilitó la extensión del horario de jornada laboral diaria de hasta 12 horas, a condición de que exista acuerdo voluntario en esquemas flexibles como bancos de horas y se garantice un descanso de al menos 12 horas entre turnos. Además, incorporó la posibilidad de contratar trabajadores a tiempo parcial por debajo de la jornada legal completa.

Derechos colectivos y sindicatos

El sistema prevé que la cuota solidaria sindical seguirá siendo deducida por los empleadores, aunque ahora con un tope del 2% del salario mensual. No obstante, en el plano de la negociación colectiva, la reforma otorgará prioridad a los acuerdos de empresa o regionales sobre los convenios por rama. Además, debilita la vigencia automática —la llamada “ultraactividad”— de las obligaciones que persistían más allá de la validez formal de los convenios.

El derecho de huelga quedará restringido en los servicios esenciales (salud, distribución de agua potable, telecomunicaciones, aeronáutica comercial, control portuario, entre otros) y deberá asegurarse un mínimo del 75% de la dotación de personal en actividad.

En el caso de los denominados servicios de importancia “trascendental”, como el transporte de pasajeros y cargas, medios de comunicación, industrias siderúrgica, química, cementera, alimenticia, construcción, aeropuertos y minería, entre otros, deberá garantizarse el funcionamiento al 50%.

Para la realización de asambleas de trabajadores que puedan afectar el funcionamiento de la empresa, se demandará una autorización previa del empleador.

Beneficios para formalizar empleos y el régimen de inversiones medias

La reforma introdujo el Programa de Promoción del Empleo Registrado y establece un mecanismo de blanqueo laboral, permitiendo la condonación de hasta el 70% de las deudas por aportes y sanciones para quienes regularicen su situación.

En paralelo, se agregará el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que reduce las contribuciones patronales al 8% anual y asigna una reducción aún mayor para quienes contraten a personal previamente no registrado antes del 10 de diciembre de 2025, así como a ex monotributistas o extrabajadores públicos.

Por último, las medianas inversiones tendrán un tratamiento diferencial, ya que contarán con amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de IVA. Este régimen regirá por dos años y estará disponible para empresas que inviertan entre USD 150.000 y USD 9 millones en bienes muebles nuevos o en obras productivas, con la excepción de automóviles.

En busca de reducir la litigiosidad, la iniciativa determinó que los acuerdos laborales homologados judicialmente tendrán fuerza de sentencia firme y que los honorarios profesionales no podrán superar el 25% del monto reclamado. Finalmente, se ordenó que la Justicia Nacional del Trabajo realice un traspaso progresivo a la órbita judicial de la ciudad de Buenos Aires o Federal.

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El paro general convocado por la CGT para este jueves 19 de febrero tendrá un alcance nacional y se sentirá en la rutina diaria desde las primeras horas. La central obrera ratificó una huelga de 24 horas, sin movilización, en rechazo a puntos de la reforma laboral que se discute en el Congreso.

El dato clave para dimensionar la jornada es el transporte. La adhesión de gremios del sector anticipa servicios interrumpidos o muy reducidos en colectivos, trenes y subtes, lo que también condicionará la apertura y el funcionamiento de otras actividades.

En Santa Fe, la seccional de la UTA comunicó que se suma a la medida, por lo que no habrá colectivos urbanos ni servicios interurbanos por 24 horas, desde las 00:00 de este jueves. La afectación alcanzará a los recorridos que conectan la capital con localidades cercanas, según la información difundida por los canales de transporte.

En el plano aerocomercial, la adhesión de gremios aeronáuticos puede derivar en cancelaciones o reprogramaciones de vuelos en distintos aeropuertos del país, con impacto dispar según la operatoria de cada terminal.

La falta de transporte público suele amplificar el efecto en cadenas de servicios. En especial, rubros que dependen de turnos presenciales o logística diaria podrían trabajar con dotaciones reducidas, incluso cuando no adhieran formalmente al paro.

Se espera que la mayoría de las aerolíneas adhieran a la medida

Bancos, escuelas y administración pública

Otro frente sensible serán los bancos: se prevé que no haya atención habitual al público en entidades públicas y privadas, aunque las operaciones digitales podrían mantenerse según cada plataforma.

En educación, el alcance será variable por provincia, pero se espera suspensión de clases en numerosos distritos, tanto en el sector público como en el privado, especialmente donde el traslado dependa del transporte urbano e interurbano.

Salud y comercio, con funcionamiento parcial

En hospitales y centros de salud, la modalidad prevista es la de guardias mínimas, con prioridad para urgencias. La atención programada podría reordenarse de acuerdo con la adhesión de cada establecimiento y la disponibilidad de personal.

El comercio, en tanto, suele tener un impacto dispar: hay locales que abren con personal reducido y otros que directamente no operan, en especial en grandes centros urbanos, donde el transporte es determinante para la actividad cotidiana.

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La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%). La suba del precio de la carne encabezó los aumentos y presionó sobre la inflación de enero

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%). En cuanto a la renuncia de Lavagna, venía trabajando en un nuevo índice desde el tema desde el gobierno de Alberto Fernández, en 2022, y según explicó el exnúmero dos de Caputo, Joaquín Cottani, la nueva metodología estaba lista desde mediados de 2024.

Sin embargo, el Gobierno nacional decidió no aplicarlo y anunció que diseñarán uno nuevo. Se estima que por el tiempo que demorará el diseño de la nueva Encuesta de Hogares, la implementación del flamante IPC se dilataría hasta 2030

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El oficialismo consiguió con holgura los votos para aprobar la reforma penal juvenil que el Ejecutivo introdujo en el extraordinarias tras el crimen de Jeremías Monzón ocurrido en la ciudad de Santa Fe.

Con 149 a favor, 100 en contra y cero abstenciones quedó aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto que baja la edad de imputabilidad a los 14 años y lo giró al Senado para su sanción definitiva.

Tras unas diez ocho horas de debate, la Cámara baja dio media sanción en la tarde de este jueves al nuevo Régimen Penal Juvenil que reduce la punibilidad de 16 a 14 años y establece un nuevo esquema de sanciones, medidas socioeducativas y reglas de detención diferenciada para adolescentes en conflicto con la ley penal.

El oficialismo de La Libertad Avanza, con el acompañamiento de bloques dialoguistas, consiguió con holgura los votos necesarios para aprobar la iniciativa que el Ejecutivo introdujo en el temario de extraordinarias tras el crimen de Jeremías Monzón ocurrido en la ciudad de Santa Fe a manos de tres menores.

El tratamiento se dio en una sesión extraordinaria que arrancó a las 11.18, con una jornada larga y cargada de tensión, donde se colaron cuestiones de privilegio entre tandas de oradores, y con el telón de fondo de un caso que el Ejecutivo.

Luego de la votación en general, el diputado Pablo Farías pidió modificar el artículo 1 del primer capítulo de la Ley para que se reduzca a la mitad la escala de la pena cuando el imputado sea un menor de catorce años y a dos tercios cuando sea un menor de 15. Sin embargo, la propuesta de Provincias Unidas no fue aceptada. Luego, fueron aprobados a mano alzada y sin modificaciones los capítulos 1, 2 y 3 del proyecto.

Debate en el recinto

El quórum de 129 presentes se alcanzó con una combinación quirúrgica de bancas: 95 diputados de La Libertad Avanza; 20 del interbloque Fuerza del Cambio (PRO, UCR, MID y aliados); 7 de Innovación Federal; 3 del bloque Independencia; 3 de Elijo Catamarca; y la exlibertaria Lourdes Arrieta.

En el arranque del debate, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado sostuvo que el nuevo Régimen Penal Juvenil será “un gran paso para Argentina” y defendió que el sistema vigente es “ineficiente”, no resocializa y tampoco repara a las víctimas. Su línea fue clara: aún con pocos casos, el Estado “tiene que actuar”, y el argumento de que la incidencia juvenil es baja le pareció “cruel”.

Enfrente, Victoria Tolosa Paz (UxP) lo calificó como “mamarracho jurídico” y acusó al oficialismo de sostener una consigna marketinera —“delito de adulto, pena de adulto”— para un tema que, dijo, exige proporcionalidad y dispositivos especializados “no durlock en cárcel de adultos”. Insistió en que el problema “no se soluciona con marketing” ni “cambiando la edad como si fuera un juego de póker”.

El jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó a un “vacío de política pública” sobre los niños y adolescentes no punibles, y cuestionó que aportes de la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría “no fueron tenidos en cuenta”. También remarcó que el abordaje presupuestario es “ínfimo” y que no incluye con claridad el impacto provincial.

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman endureció el rechazo: “el que le vote que sienta vergüenza”, dijo, y advirtió que bajar la edad no resuelve y que la criminalización recae sobre los sectores populares. Romina del Plá sumó otra alerta: que las bandas narco “vayan a buscar como soldaditos” a chicos aún más chicos, de 10, 11 y 12, si el sistema cambia el umbral.

Del lado oficialista, el libertario Santiago Santurio defendió que se están debatiendo “delitos graves” y que el Estado debe dar respuesta. “No es la solución definitiva, pero es una respuesta fundamental”, planteó.

Apoyos con reparos

Entre los respaldos, Miguel Pichetto se mostró a favor de bajar a 14 años, pero dejó una advertencia que atravesó a varios dialoguistas: descree que el Gobierno “ponga el presupuesto” real para infraestructura y ejecución del régimen. Incluso puso un número gráfico en la discusión: el metro cuadrado de construcción para encierro “cerca de 7.000 dólares”, y reclamó una cláusula que contemple las condiciones efectivas de implementación en provincias.

Cristian Ritondo (PRO) defendió que se trata de un debate “necesario” y “postergado”, con una ley de casi 50 años frente a una “violencia desbordada”. Y marcó una línea que sintetizó el consenso: “es prudente” dejar la edad en 14 porque no hay “consenso científico” para ir más abajo y por la “capacidad real del Estado”.

En clave santafesina, la diputada Gisela Scaglia apoyó el régimen y puso el foco en una preocupación que atraviesa el territorio: el narcotráfico como red de captura. Dijo que Santa Fe “reclama” un régimen penal juvenil y planteó que la punibilidad puede funcionar como resguardo para evitar que los narcos “agarren” a los chicos. Pero sumó un límite: la inversión social “tiene que darse en conjunto” y no puede recaer solo en las provincias.

La iniciativa, ya con media sanción, pasó al Senado. Allí el oficialismo buscará repetir la fórmula: aliados, poroteo fino y un debate que, aunque tenga décadas, en año electoral siempre se siente como si fuera la primera vez.

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La propuesta para modificar la Ley de Glaciares está lista para ser debatida en el Senado de la Nación en el marco de las sesiones extraordinarias, seguramente el martes 10 o el miércoles 11. Pero el pacífico tránsito parlamentario que exhibe, en medio de disputas de alto voltaje como la reforma laboral o la edad de imputabilidad, contrasta con el fuerte debate desatado en distintos ámbitos.

El temario de extraordinarias anticipa un febrero de alto voltaje en el Congreso

En las últimas horas, la organización ambientalista Greenpeace puso en escena una “bienvenida” a los senadores en el inicio de las extraordinarias, con pancartas y globos alusivos y un fuerte rechazo al proyecto. Simultáneamente, el principal instituto de derecho especializado en minería expresó su apoyo y aseguró que no reduce la protección, sino que la clarifica.

El punto crítico gira en torno al artículo 41 de la Constitución Nacional, que indica que la Nación establece los presupuestos mínimos para la protección del ambiente, dejando a las provincias la capacidad de dictar normas complementarias.

Algunos argumentan que la actual legislación deja muchos flancos interpretativos, que han tenido como efecto impedir actividades extractivistas más allá de lo necesario. Desde el Ejecutivo, la percepción es que la legislación vigente, implantada en 2010, limita excesivamente la autonomía provincial sobre el manejo de sus recursos naturales.

Qué dice el proyecto

La iniciativa obtuvo dictamen el 18 de diciembre de 2025 durante un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado.

Según el Gobierno, propone una serie de modificaciones orientadas a despejar “controversias interpretativas” acumuladas desde la sanción de la norma hace quince años, y a fortalecer las facultades de las provincias como titulares del dominio originario de los recursos naturales.

El proyecto enviado al Congreso redefine el artículo 1° para precisar el objeto de protección: los glaciares y geoformas del ambiente periglacial “que cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas.

También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41

Otra modificación central es la creación del artículo 3° bis, que introduce el principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas.

Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA para actualizar el inventario.

El texto también cambia el régimen de prohibiciones del artículo 6°, que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local.

Alteraciones relevantes

Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica. Serán las provincias las que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, no puede autorizarse.

En la misma dirección, el artículo 7° reformulado exige evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.

El proyecto también redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señala que, a quince años de vigencia de la ley, solo se completó el Nivel 1 del inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.

Crítica de Greenpeace

Este martes, en el marco del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, Greenpeace llevó a cabo una intervención directa para advertir sobre los riesgos de modificar la Ley de Glaciares (26.639).

Un grupo de activistas recibió a los legisladores desplegando un cartel de dos metros de largo que fue elevado en la entrada del Senado de La Nación con globos. La pieza contenía un mensaje contundente: “Bienvenidos Senadores. No negocien con el agua”.

Greenpeace advirtió que impulsar estos cambios en el marco de sesiones extraordinarias implica avanzar sobre una ley clave con plazos acotados y una agenda limitada, sin el debate público y federal que una decisión de este impacto requiere.

Además, la organización denunció que este cambio permitiría el avance de actividades extractivas en zonas que hoy están protegidas y que funcionan como reservas estratégicas de agua dulce para más de 7 millones de personas.

Según Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace, “modificar la Ley de Glaciares no es una discusión técnica menor: implica retroceder en compromisos ambientales asumidos por Argentina, fragmentar la protección del agua y debilitar fuertemente una ley que fija una línea de base de protección común para todo el país, todo esto en un contexto de crisis climática alarmante”.

“Degradar la norma sería ceder a presiones que no representan el interés de la sociedad. Cuidar los glaciares no es frenar el desarrollo: es asegurar seguridad hídrica para que el país pueda sostenerlo”, sostuvo Rossi Serra.

Respaldo

Mientras tanto, el Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) salió a respaldar el proyecto y remarcó que la iniciativa no debe interpretarse como un retroceso ambiental.

Por el contrario, afirman que la actualización representa una oportunidad para reforzar la protección de los glaciares y de las geoformas periglaciares sobre bases jurídicas más claras y compatibles con el federalismo que establece la Constitución.

Desde la entidad explican que, tras más de una década de vigencia, la ley exhibe definiciones imprecisas que derivaron en interpretaciones contradictorias, conflictos de competencias y un marco de incertidumbre jurídica que afecta tanto a las inversiones productivas como a las autoridades provinciales encargadas de aplicar la norma.

El IADEM subraya que la Constitución ofrece un encuadre claro para el debate: mientras el artículo 41 faculta al Congreso a dictar presupuestos mínimos de protección ambiental, el artículo 124 reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales.

Para el instituto, la adecuación legislativa es indispensable para superar las ambigüedades del régimen vigente, brindar certidumbre jurídica y fortalecer la tutela efectiva de los glaciares como reservas estratégicas de agua.

El objetivo -afirman- no es contraponer ambiente y desarrollo ni Nación y provincias, sino lograr una regulación coherente con el reparto constitucional de competencias y con los principios del derecho ambiental argentino.

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