Vandalismo rural: Diputados aprobó penas más severas por ingresar a campos y destruir silobolsas o infraestructura productiva

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto por 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención. La iniciativa propone incorporar figuras específicas al Código Penal para sancionar el ingreso no autorizado a establecimientos rurales y los daños contra cultivos, granos almacenados, animales e instalaciones agropecuarias. El texto deberá ser tratado por el Senado.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto de ley destinado a agravar las sanciones penales por hechos de vandalismo rural, mediante la incorporación de nuevas figuras para castigar el ingreso no autorizado a establecimientos agropecuarios y los daños contra bienes e infraestructura vinculados con la producción. La iniciativa obtuvo 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención, y ahora deberá ser analizada por el Senado de la Nación para determinar si se convierte definitivamente en ley.

El proyecto fue impulsado desde el PRO y contó con el respaldo de diferentes entidades del sector agropecuario, especialmente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Según un relevamiento difundido por la Fundación Barbechando, la propuesta recibió acompañamiento de legisladores de La Libertad Avanza, de parte de Unión por la Patria y de representantes de bloques provinciales, además de diputados vinculados con el espacio que promovió la iniciativa.

La modificación legislativa busca responder a reclamos del sector rural frente a hechos como la rotura de silobolsas, la destrucción de cultivos, los daños a equipos de riego y el ingreso de personas a establecimientos productivos sin autorización. Las entidades agropecuarias sostienen que estas conductas pueden provocar perjuicios económicos importantes y que las herramientas legales existentes no siempre reflejan la magnitud de las pérdidas ocasionadas.

Nuevas penas por ingresar sin autorización a establecimientos rurales

Uno de los cambios centrales del proyecto es la incorporación de un artículo 150 bis al Código Penal, que establecería una figura específica para sancionar el ingreso no autorizado a establecimientos rurales cercados o señalizados.

Según el texto aprobado por Diputados, esta conducta podría recibir una pena de uno a doce meses de prisión. Cuando la intrusión obstaculice el desarrollo normal de la actividad productiva, la sanción podría agravarse hasta los dos años de prisión.

La iniciativa contempla que la existencia de alambrados, cerramientos, vallas o señales constituye una indicación de prohibición de ingreso, por lo que estos elementos resultarían relevantes para determinar si una persona accedió sin autorización a un establecimiento.

El objetivo es incorporar una respuesta penal específica frente a situaciones que, según las entidades rurales, actualmente pueden quedar comprendidas en figuras contravencionales o recibir sanciones consideradas insuficientes.

Penas de dos a ocho años por daños a la producción

El segundo eje de la propuesta es la creación de un artículo 184 bis, destinado a sancionar los daños que afecten directamente a la producción y a la infraestructura agropecuaria. Esta figura contempla penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño causado.

Entre los bienes protegidos se incluyen cultivos, granos almacenados, hacienda, forrajes y productos en transporte, además de instalaciones e infraestructura utilizada para desarrollar las actividades rurales.

La enumeración también comprende silos, silobolsas, alambrados, tranqueras, sistemas de riego, bombas de agua, paneles solares y reservas hídricas, elementos cuyo deterioro puede comprometer tanto la producción inmediata como el funcionamiento futuro de los establecimientos.

La propuesta busca establecer una diferencia entre daños materiales comunes y aquellos que afectan directamente procesos productivos agropecuarios, considerando las consecuencias económicas y operativas que pueden generar.

El reclamo del campo por los ataques a silobolsas

Uno de los ejemplos utilizados para fundamentar la iniciativa es la rotura intencional de silobolsas, sistemas de almacenamiento ampliamente utilizados en la actividad agrícola argentina. Estas estructuras pueden contener grandes cantidades de granos y resultar vulnerables a daños provocados mediante cortes en su superficie.

Según el planteo difundido por las entidades agropecuarias, una silobolsa con capacidad para almacenar aproximadamente 200 toneladas de granos puede contener una producción de elevado valor económico. Un daño relativamente pequeño en su estructura puede comprometer parte de ese contenido, provocar pérdidas y obligar a realizar tareas de recuperación o traslado.

Situaciones similares pueden presentarse ante la destrucción de equipos de riego, bombas de agua u otros componentes de infraestructura, cuya inutilización puede interrumpir procesos productivos y generar consecuencias que exceden el costo material del objeto afectado.

“Detrás de cada uno de estos delitos hay algo más que un bien material dañado: puede haber una cosecha comprometida, una inversión perdida y el trabajo de muchos años”, señalaron desde la Fundación Barbechando.

Amplio respaldo político y acompañamiento de entidades rurales

Desde Barbechando destacaron que el proyecto consiguió reunir apoyos de distintos espacios políticos y que durante su tratamiento se incorporaron modificaciones orientadas a clarificar las figuras propuestas y establecer agravantes para determinadas conductas.

La organización valoró especialmente la posibilidad de que una problemática planteada por productores y entidades del sector llegara al recinto de la Cámara de Diputados y obtuviera media sanción.

“En una agenda parlamentaria atravesada por debates de alcance general, que una iniciativa vinculada directamente con la actividad productiva llegue al recinto constituye un paso significativo”, expresó la fundación.

También señaló que el tratamiento legislativo refleja la importancia del diálogo entre representantes políticos y organizaciones productivas, y sostuvo que la seguridad de las personas, la protección de las inversiones y la continuidad del trabajo rural forman parte de las condiciones necesarias para el desarrollo agroindustrial.

Entre las entidades que celebraron el avance de la propuesta se encuentra la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), que manifestó su satisfacción por la media sanción obtenida.

El proyecto deberá ser tratado por el Senado

Aunque la iniciativa recibió un amplio respaldo en la Cámara baja, todavía no se convirtió en ley. Para que las nuevas figuras penales entren en vigencia será necesario que el Senado complete su tratamiento y apruebe el texto correspondiente.

Las organizaciones agropecuarias esperan que el debate avance con rapidez, debido a que consideran que la protección de los establecimientos y de la infraestructura productiva constituye una demanda importante para el sector.

Con la media sanción de Diputados, el proyecto contra el vandalismo rural dio un paso legislativo significativo. Su eventual aprobación definitiva incorporaría nuevas herramientas penales para sancionar ingresos no autorizados y daños contra bienes agropecuarios, con penas diferenciadas según las características y consecuencias de cada conducta.