Esperanza: tres policías quedaron presos por cobrar coimas para realizar verificaciones “fantasma” de vehículos
La Fiscalía acusa a los agentes de recibir dinero para confeccionar Formularios 12 sin verificar físicamente automóviles y motocicletas. La maniobra habría funcionado al menos desde 2024 y también está imputada una gestora. Un cuarto funcionario policial será llevado a audiencia imputativa.
La investigación por un presunto esquema de coimas en la Planta de Verificación de Automotores de Esperanza sumó nuevas imputaciones y ya tiene a tres policías bajo prisión preventiva por 30 días.
Según la acusación del fiscal Exequiel Hernández, los funcionarios habrían recibido dinero a cambio de confeccionar Formularios 12 sin realizar la correspondiente verificación física de los vehículos, un procedimiento obligatorio para distintos trámites registrales.
El fiscal anticipó además que la investigación continuará con la audiencia imputativa de un cuarto funcionario policial.
“Se les atribuyeron delitos de cohecho a otros dos funcionarios policiales que trabajaban en la Planta de Verificación de Automotores de Esperanza, precisamente por recibir dinero a cambio de confeccionar Formularios 12”, explicó Hernández.
Formularios que habrían sido firmados en blanco
De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, los policías investigados habrían mantenido un acuerdo con una gestora de una localidad cercana, quien llevaba periódicamente los formularios hasta la planta.
En algunos casos, los documentos llegaban completos. Sin embargo, la investigación detectó otra modalidad: algunos Formularios 12 habrían sido firmados en blanco por los agentes para que posteriormente fueran completados por la gestora.
“En algunos casos ya estaban completos; en otros casos directamente los firmaban en blanco para que luego la gestora los complete”, detalló el fiscal.
De esta manera, los trámites podían avanzar sin que los automóviles o motocicletas fueran trasladados hasta la planta para cumplir con la inspección física obligatoria.
La mujer involucrada también fue imputada en la causa por cohecho activo, mientras que a los funcionarios policiales se les atribuye cohecho pasivo.
Cuánto se habría pagado por cada trámite
La investigación permitió establecer además una presunta tarifa por la realización de cada trámite irregular.
Según la Fiscalía, los montos habrían comenzado en $25.000, luego aumentado a $30.000 y finalmente alcanzado los $50.000 para automóviles y $30.000 para motocicletas.
Los pagos habrían sido realizados a cambio de la confección de los formularios sin que se efectuara la correspondiente inspección del rodado.
“son muchos más”
Uno de los puntos centrales de la investigación es establecer cuántos vehículos pudieron haber sido transferidos utilizando documentación confeccionada mediante este mecanismo.
Inicialmente se había mencionado la existencia de 64 verificaciones presuntamente irregulares. Sin embargo, Hernández aclaró que esa cifra correspondía solamente a un funcionario y a un único mes: agosto de 2024.
“Son muchos más”, advirtió el fiscal.
La hipótesis de la acusación es que el mecanismo habría funcionado, al menos, desde enero de 2024 y de manera ininterrumpida, con distintos funcionarios que fueron pasando por la dependencia.
Hernández tampoco descartó que las maniobras pudieran haberse iniciado anteriormente, aunque explicó que cuanto más se retrocede en el tiempo, mayores son las dificultades para reconstruir los hechos y reunir evidencia.
El Formulario 12 acredita determinados datos identificatorios de un vehículo a partir de una verificación física. Por ese motivo, la investigación apunta ahora a establecer cuántos documentos fueron confeccionados sin inspeccionar los rodados y cuáles de esos vehículos fueron posteriormente transferidos.
La cantidad definitiva de formularios presuntamente irregulares todavía no fue determinada.
Hasta el momento, tres policías permanecen en prisión preventiva por 30 días y una gestora está imputada por cohecho activo. Además, un cuarto funcionario policial deberá afrontar una audiencia imputativa.
Según explicó Hernández, el delito de cohecho contempla penas de uno a seis años de prisión y, en el caso de los funcionarios acusados de cohecho pasivo, una eventual condena puede incluir la inhabilitación especial perpetua.
La investigación permanece abierta y podría sumar nuevas imputaciones a medida que avance el análisis de la documentación y de los elementos incorporados a la causa.
