Reforma de seguridad en Santa Fe: las 11 herramientas aprobadas por la Legislatura

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La ley modifica cinco marcos normativos e incorpora medidas sobre investigaciones, procesos en ausencia, allanamientos, inmuebles y régimen penitenciario. La sanción se completó el jueves 19 de noviembre.

El Senado de Santa Fe sancionó la Ley de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, después de aceptar las modificaciones introducidas por Diputados. La iniciativa impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro completó su trámite legislativo el jueves 19 de noviembre y quedó pendiente de promulgación y publicación para su entrada en vigencia, según la información difundida.

La reforma modifica el Código Procesal Penal, el Código de Convivencia, la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, el Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito y el régimen de protección de víctimas, testigos y recompensas.

1. Declaración informativa antes de una imputación

La herramienta permite al fiscal recibir una declaración informativa de personas que aparezcan vinculadas con un hecho cuando todavía no existan elementos suficientes para formular una imputación. La persona debe conocer las sospechas, su derecho a guardar silencio, retirarse y contar con asistencia letrada.

Según el esquema aprobado, cuando la declaración se reciba sin abogado defensor, sus manifestaciones no podrán utilizarse como prueba de cargo ni para fundamentar restricciones de libertad: quedarán limitadas a orientar la investigación.

2. Procesos y juicios en ausencia

La reforma habilita la continuidad del proceso y el dictado de sentencia cuando el acusado eluda a la Justicia, bajo condiciones que incluyen el conocimiento de la citación, la advertencia sobre las consecuencias y la realización de diligencias para asegurar su comparecencia.

La defensa técnica será obligatoria y las audiencias deberán registrarse por medios audiovisuales. Si la persona comparece posteriormente, el régimen contempla mecanismos para presentar pruebas y solicitar la revisión de actuaciones.

3. Excepciones a la exclusión de pruebas

El texto mantiene la exclusión de evidencia obtenida con vulneración de garantías constitucionales, pero incorpora supuestos específicos que permiten analizar su admisión.

Entre ellos figuran la existencia de una fuente independiente lícita, la obtención por vías legales o mediante un hallazgo inevitable, determinadas actuaciones de buena fe y procedimientos indispensables para evitar daños graves a la vida.

4. Nuevos supuestos de allanamientos sin orden judicial previa

La normativa amplía las situaciones de urgencia que permiten ingresar a inmuebles sin autorización previa de un juez. Incluye determinados hallazgos de objetos ilícitos, geolocalización precisa y propiedades abandonadas o visiblemente intrusadas, bajo las condiciones previstas en el texto.

También contempla órdenes fiscales en investigaciones de homicidios, extorsiones o amenazas vinculadas con criminalidad organizada y otros supuestos específicos. Esas intervenciones quedan sujetas al control judicial previsto por la reforma.

5. Restitución e inactivación de inmuebles

Los tribunales podrán disponer medidas provisionales para detener efectos delictivos y reducir sus consecuencias, entre ellas desalojos y restituciones en casos de usurpación o desplazamiento forzado.

La reforma también contempla intervenciones sobre inmuebles utilizados para actividades criminales, como clausuras, retiro de materiales o demoliciones, según las condiciones y controles correspondientes. Además, prevé su monitoreo posterior y la posibilidad de destinarlos a fines comunitarios.

6. Medidas cautelares de menor intensidad

Se incorporan alternativas para situaciones en las que el riesgo de fuga o de entorpecimiento pueda abordarse sin prisión preventiva. Después de la imputación, el esquema permite disponer obligaciones de fijar domicilio, informar un teléfono y realizar presentaciones periódicas, entre otras medidas.

También contempla restricciones para viajar al exterior, concurrir a determinados lugares o acercarse a ciertas personas. El texto incluye disposiciones específicas para prohibiciones de acercamiento en casos de violencia de género y delitos sexuales.

7. Anticipo de pruebas y protección de testimonios

La reforma regula la recepción judicial anticipada de testimonios y peritajes cuando existan razones fundadas para considerar que no podrán producirse durante el juicio.

Esos registros podrán incorporarse al debate en los supuestos establecidos, incluidos determinados testimonios mediante Cámara Gesell y situaciones de riesgo grave para testigos, peritos, intérpretes o sus familias. El objetivo es preservar la prueba y reducir el impacto de amenazas sobre el proceso.

8. Procedimiento monitorio para contravenciones

El Código de Convivencia incorpora una vía abreviada para determinadas sanciones, como multas, clausuras y prohibiciones de acercamiento, entre otras previstas por la norma. Con la evidencia exigida, el juez podrá dictar una sentencia monitoria sin debate oral previo.

La persona notificada dispondrá de sesenta días para oponerse sin necesidad de expresar motivos. Si lo hace, se abrirá un procedimiento contradictorio ante otro magistrado; si no presenta oposición, la sanción quedará firme.

9. Régimen penitenciario agravado

Se establecen medidas especiales para personas privadas de libertad que cometan actos que representen una amenaza grave para la seguridad colectiva mediante comunicaciones, visitas, dispositivos no autorizados o intervención de terceros.

El régimen contempla aislamiento individual, restricciones de contactos y retiro de determinados elementos, con dos horas diarias de patio. La aplicación exige comunicación judicial inmediata y queda sujeta a revisión.

10. Inteligencia preventiva con autorización judicial

Las actividades preventivas que impliquen una afectación relevante de la intimidad o privacidad requerirán autorización judicial previa. Esto comprende intervenciones sobre comunicaciones, correspondencia y datos de dispositivos o plataformas digitales.

La norma diferencia esas tareas de los medios de prueba del proceso penal. Si durante una actividad preventiva aparecen indicios de un delito concreto, deberá darse intervención a la Fiscalía.

11. Actualización del Fondo Provincial de Recompensas

La reforma amplía las herramientas para ofrecer incentivos económicos por información útil para prevenir o esclarecer delitos, capturar prófugos o localizar personas.

Los pagos quedan condicionados a la certificación de la utilidad del aporte y sujetos a procedimientos administrativos, controles y protección de la identidad de quien proporciona la información.

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