Santa Fe impulsa una ley de defensa del consumidor con reclamos digitales y juicios colectivos

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El proyecto enviado por Maximiliano Pullaro contempla audiencias administrativas dentro de los 15 días hábiles y protección en entornos digitales. La iniciativa se encuentra en tratamiento en el Senado provincial.

El Gobierno de Santa Fe presentó en la Legislatura un proyecto de Ley de Implementación de los Derechos de la Persona Consumidora, que propone modernizar los reclamos, fortalecer la prevención de abusos y establecer reglas para los procesos judiciales de consumo.

La iniciativa contiene 90 artículos y busca reglamentar el artículo 32 de la Constitución provincial reformada en 2025. Según informó el Ejecutivo, el texto está en tratamiento en la Cámara de Senadores.

Entre sus principales puntos figuran los reclamos digitales, las audiencias administrativas que pueden ser virtuales dentro de los 15 días hábiles y la incorporación de procesos colectivos.

Cómo se elaboró el proyecto

La propuesta fue trabajada por el Poder Ejecutivo y el Consejo Económico y Social, con participación de universidades y organizaciones de consumidores.

La comisión especial fue creada en la asamblea plenaria del CEyS del 30 de marzo de 2026 y desarrolló encuentros durante tres meses para discutir la estructura y el articulado.

Participaron juristas de la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Católica Argentina; referentes de la Asociación Civil para la Protección y Educación del Consumidor y de Consumidores de la Era Digital; y representantes del Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social.

El secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, explicó que la presentación responde a una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro para implementar en la provincia un marco específico de defensa del consumidor.

Prevención y asistencia ante el sobreendeudamiento

Cándido indicó que el proyecto se organiza en tres ejes. El primero contempla la prevención, con educación para el consumo en las escuelas y promoción del crédito responsable.

“El primero es la prevención; se promueve la educación para el consumo en las escuelas y el crédito responsable. Además, mecanismos para asistir a las personas que están en una situación crítica en materia de sobreendeudamiento”, señaló.

Audiencias virtuales y reclamos administrativos

El segundo eje busca facilitar la resolución administrativa de los conflictos para reducir la necesidad de acudir a la Justicia.

“El segundo eje es el sistema de reclamo administrativo, por el que se buscan acuerdos con audiencias, que pueden ser virtuales, dentro de los 15 días hábiles”, explicó el funcionario.

Cándido sostuvo que más del 60 % de las causas civiles y comerciales están vinculadas con relaciones de consumo, según la estimación mencionada en la presentación.

Protección digital y acceso a la Justicia

El tercer eje apunta a mejorar el acceso judicial e incorporar a los municipios en la prevención y defensa de los consumidores.

La propuesta también incluye disposiciones sobre transparencia digital y utilización de algoritmos en la atención al cliente, así como protección en entornos de inteligencia artificial.

Dentro del tratamiento de las empresas, diferencia a las pequeñas y medianas firmas de las grandes compañías.

Qué plantea para los procesos colectivos

El proyecto incorpora herramientas para abordar conflictos que afectan a grupos de consumidores y evitar la multiplicación de demandas sobre una misma problemática.

Además, prevé una red provincial articulada con los municipios y la rendición anual de cuentas sobre multas y acuerdos.

La directora provincial de Defensa del Consumidor, Valeria Schvartz, destacó el trabajo conjunto que dio origen al texto.

“Logramos presentar una ley equilibrada, construida con consenso, que ordena y moderniza todo el sistema. Le garantiza a las personas un camino claro, rápido y gratuito para reclamar, y le da a las empresas reglas previsibles, sanciones proporcionales y un reconocimiento a quien cumple”, expresó.

Las medidas forman parte de un proyecto legislativo y su aplicación dependerá de la aprobación de la norma y de las disposiciones correspondientes.

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