Financiamiento universitario: 60 rectores exigieron que se cumpla la ley y convocaron a una marcha federal
El Consejo Interuniversitario Nacional reunió a autoridades de universidades públicas en el Cabildo de Buenos Aires y ratificó una movilización para el 15 de octubre. El reclamo se produjo después de que un juez federal declarara inconstitucional una disposición del Decreto 759/2025 y ordenara al Gobierno nacional aplicar la Ley 27.795.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reunió este miércoles a rectores de 60 universidades de todo el país en el Cabildo de Buenos Aires para reclamar al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795 y la incorporación de las partidas necesarias para su aplicación en el Presupuesto.
Durante el encuentro, las autoridades universitarias ratificaron la convocatoria a una marcha federal para el próximo 15 de octubre, en medio de la disputa por los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones, los salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles.
La reunión se desarrolló un día después de que el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, declarara inconstitucional una disposición del Decreto 759/2025, mediante la cual el Poder Ejecutivo había condicionado la ejecución de la ley.
El magistrado ordenó al Gobierno avanzar de manera inmediata con su cumplimiento. La resolución fue dictada en primera instancia y el Ejecutivo anticipó que apelará.
Un encuentro en el Cabildo de Buenos Aires
El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, explicó que la elección del Cabildo como sede buscó darle un carácter institucional y público al reclamo.
“Transformamos esta reunión del comité ejecutivo en una especie de cabildo abierto en defensa de la universidad pública argentina para exigir el cumplimiento de la ley y en defensa de la institucionalidad”, sostuvo.
Bartolacci cuestionó la falta de respuestas del Poder Ejecutivo frente a las demandas presupuestarias del sistema universitario.
“Es insólito que no tengamos respuestas”, afirmó.
Los rectores insistieron en que el cumplimiento de la legislación requiere que el Estado nacional incorpore las partidas correspondientes al Presupuesto y avance con las medidas administrativas necesarias para garantizar su ejecución.
Qué resolvió la Justicia
El fallo conocido el martes 6 de octubre declaró inconstitucional la referencia al artículo 5.º de la Ley 24.629 incorporada en el Decreto 759/2025.
Esa disposición había sido utilizada por el Gobierno nacional para condicionar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la identificación de fuentes de financiamiento y a la inclusión de las partidas necesarias en el Presupuesto.
El juez Cormick ordenó al Poder Ejecutivo dictar las normas reglamentarias y administrativas correspondientes para garantizar el cumplimiento inmediato de la Ley 27.795.
La decisión judicial surgió de los amparos presentados por el CIN y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La ley contempla medidas relacionadas con el financiamiento de las universidades nacionales, la recomposición salarial de docentes y no docentes y las becas destinadas a estudiantes.
El conflicto por la aplicación de la ley
La disputa se profundizó después de que el Congreso aprobara la Ley 27.795 y el Poder Ejecutivo intentara vetarla.
El veto fue rechazado por ambas cámaras con las mayorías requeridas y posteriormente el Gobierno promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025, aunque condicionó su implementación.
Esa decisión derivó en nuevas presentaciones judiciales de las universidades.
En resoluciones anteriores, Cormick ya había dispuesto medidas vinculadas con la actualización de salarios y el financiamiento de becas estudiantiles.
Según los antecedentes judiciales citados en el reclamo, esas medidas cautelares fueron confirmadas por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y, en junio de 2026, la Corte Suprema desestimó un recurso extraordinario presentado por el Estado.
Por su parte, el Gobierno nacional sostuvo que las recomposiciones salariales acumuladas desde diciembre de 2023 alcanzaron el 226,8 %, una cifra que, según su interpretación, superó la inflación tomada como referencia.
La suficiencia de esas actualizaciones y los recursos necesarios para sostener el funcionamiento universitario continúan siendo puntos centrales de la controversia.
Marcha federal el 15 de octubre
En este contexto, el CIN ratificó la realización de una nueva movilización federal universitaria para el jueves 15 de octubre.
Los rectores también mantienen contactos con gobernadores y legisladores nacionales para solicitar que el proyecto de Presupuesto contemple las partidas necesarias para las universidades públicas.
El conflicto suma así un nuevo capítulo judicial e institucional: mientras la Justicia ordenó avanzar con la aplicación de la ley y el Gobierno anticipó que recurrirá la resolución, las autoridades universitarias profundizan sus reclamos y preparan una nueva jornada de movilización en todo el país.
