Condenas a una organización narco que operó en Las Colonias
La Justicia Federal condenó a policías y civiles vinculados a una red narco que actuó durante años en la región utilizando información reservada y recursos estatales.
La Justicia Federal de Santa Fe dictó las últimas condenas contra integrantes de una organización criminal compuesta por policías provinciales y civiles que operó en distintas localidades del departamento Las Colonias, utilizando información reservada, recursos estatales y funciones públicas para proteger y facilitar la comercialización de estupefacientes.
La investigación determinó que la estructura delictiva actuaba en Esperanza, Franck, Las Tunas, San Carlos, Progreso, San Agustín y otras localidades de la región. Según surgió durante el proceso judicial, sus integrantes se referían a la organización como «la empresa» o «la pyme», una denominación que reflejaba el grado de organización y permanencia que había alcanzado el esquema criminal.
Protección policial a cambio de dinero
De acuerdo con la acusación federal, efectivos policiales obtenían información sensible proveniente de denuncias anónimas, investigaciones en curso y futuros procedimientos para advertir a vendedores de drogas sobre eventuales controles o allanamientos.
A cambio de esa protección, los narcotraficantes abonaban sumas periódicas de dinero. Quienes aceptaban el sistema podían continuar operando con relativa tranquilidad. Por el contrario, aquellos que se negaban a pagar o pretendían actuar por fuera de la estructura eran objeto de investigaciones, procedimientos policiales y distintas formas de presión.
La investigación también permitió acreditar que algunos de los policías involucrados participaban activamente en el abastecimiento de estupefacientes, facilitando la distribución de droga hacia distintos puntos de venta administrados por integrantes civiles de la organización.
Las condenas
Entre los últimos condenados figura el exsuboficial Matías José Cosentini, quien recibió una pena de un año de prisión. Al unificarse esa condena con una sentencia anterior, deberá cumplir una pena única de cinco años de prisión efectiva e inhabilitación.
Miguel Ángel Duarte fue condenado a cuatro años de prisión efectiva y al pago de una multa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y por administrar puntos de venta de droga.
Walter Jorge Winkelmann recibió una condena de tres años de prisión efectiva por integrar la asociación ilícita.
Por su parte, el exjefe policial Néstor Oscar Rosales fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional por el delito de confabulación, por lo que no cumplirá prisión efectiva mientras respete las condiciones impuestas por el tribunal.
Estas sentencias se suman a otras condenas dictadas durante 2025, entre ellas la del exsubcomisario Lucas Gabriel Nos, exjefe de la Brigada Operativa Antinarcóticos de Las Colonias, quien recibió una pena de cuatro años y diez meses de prisión, además de otros integrantes de la organización como Sol Micaela Morel, Daniel Carlos Segovia y María Belén Muratore.
Cuando el delito se infiltra en el Estado
El caso expone una de las formas más graves de corrupción institucional: aquella en la que funcionarios encargados de combatir el delito terminan utilizando las herramientas del Estado para favorecerlo.
La utilización de información reservada, el aprovechamiento de funciones públicas y la manipulación de procedimientos policiales constituyen una traición a la confianza pública y generan un daño que trasciende a los hechos concretos investigados.
Sin embargo, también resulta necesario evitar generalizaciones injustas. Las condenas demuestran que la responsabilidad es individual y que fueron precisamente los mecanismos judiciales e investigativos del propio Estado los que permitieron descubrir, investigar y sancionar a los responsables.
La lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad no debilita a las instituciones. Por el contrario, las fortalece. Una policía profesional necesita controles eficaces, transparencia y la certeza de que quienes utilizan el uniforme para delinquir terminarán respondiendo ante la Justicia.
La causa de Las Colonias constituye un recordatorio de que la seguridad pública depende tanto de la capacidad para perseguir el delito en las calles como de la decisión de impedir que el delito encuentre protección dentro del propio Estado.