Santa Fe: Diputados aprobó por unanimidad un nuevo registro para garantizar el pago de las cuotas alimentarias
La iniciativa unificó nueve proyectos de diferentes bloques políticos y propone crear una base de datos provincial bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Contempla mecanismos de control y restricciones para quienes incumplan sus obligaciones alimentarias, que podrían afectar trámites, licencias, contrataciones e ingresos a determinados establecimientos.
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó por unanimidad un proyecto de ley destinado a crear el Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias, una herramienta que busca mejorar el cumplimiento de las cuotas alimentarias y garantizar que niños, niñas y adolescentes reciban los recursos económicos establecidos judicialmente para su manutención.
La iniciativa surgió del consenso entre nueve proyectos presentados por diferentes bloques políticos y propone modificar el actual sistema provincial, que funciona mediante un Registro de Deudores Alimentarios dependiente del Poder Judicial.
El nuevo organismo estaría bajo la órbita del Poder Ejecutivo provincial y funcionaría como una base de datos única, digital, actualizada e interoperable.
Su finalidad será registrar a las personas que tienen obligaciones alimentarias determinadas judicialmente, conocer su situación de cumplimiento y facilitar la aplicación de medidas destinadas a asegurar el pago de las prestaciones adeudadas.
La aprobación en Diputados constituye un avance legislativo, aunque la propuesta todavía deberá completar el trámite correspondiente antes de convertirse en ley.
Un proyecto construido a partir de nueve iniciativas
El texto aprobado fue elaborado en comisiones a partir de nueve proyectos impulsados por distintos sectores legislativos.
La primera iniciativa había sido presentada por el bloque Somos Vida, mientras que el acuerdo final incorporó aportes de otras bancadas y del Poder Ejecutivo provincial.
La diputada socialista Lionella Cattalini fue una de las encargadas de explicar los alcances del proyecto consensuado.
La legisladora sostuvo que el sistema vigente presenta limitaciones y que resulta necesario incorporar herramientas más efectivas para garantizar el cobro de las cuotas alimentarias.
“Ya nadie inscribe en el Registro de Deudores Alimentarios porque no tiene sentido; debemos buscar superar esa situación”, expresó.
Cattalini mencionó datos de Unicef sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias y destacó que el nuevo registro tendrá carácter público, gratuito y permitirá realizar un seguimiento de la información.
También reconoció la participación del Ejecutivo provincial en la elaboración del texto, particularmente el trabajo desarrollado junto con la secretaria Legal y Técnica, Julia Tonero.
Qué información incluirá el registro
El proyecto establece que el Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias será una base de datos única, digital, actualizada e interoperable.
En ella se incorporará información sobre las personas que tengan obligaciones alimentarias determinadas por la Justicia, su situación económica y el estado de cumplimiento de las prestaciones.
También deberán registrarse las órdenes judiciales de inscripción, modificación y baja, así como otras medidas relacionadas con las obligaciones alimentarias.
La propuesta incluye tanto a quienes tienen obligaciones principales como subsidiarias, sean provisorias o definitivas, siempre que exista una resolución judicial o un convenio homologado.
Además, contempla una categoría específica para las personas físicas o jurídicas que incumplan órdenes judiciales de retención, transferencia o depósito de dinero destinado al pago de alimentos.
Esto permitirá registrar no solamente a quienes deben abonar las cuotas, sino también a terceros que no cumplan con las disposiciones judiciales relacionadas con esos pagos.
Restricciones para quienes incumplan
Uno de los principales cambios que propone la iniciativa es ampliar los mecanismos de control y las consecuencias del incumplimiento.
Entre las medidas mencionadas durante el debate legislativo se encuentran restricciones relacionadas con la obtención de licencias de conducir y el ingreso a determinados espectáculos o establecimientos.
El proyecto también establece situaciones en las que distintos organismos públicos y privados deberán consultar obligatoriamente el registro.
En el ámbito estatal, la consulta deberá realizarse durante procesos de selección y concursos de personal, contrataciones, licitaciones, concesiones, habilitaciones, autorizaciones, permisos e inscripciones en registros provinciales.
Los empleadores privados deberán consultar la base de datos al incorporar trabajadores, mientras que los colegios profesionales tendrán que hacerlo al momento de realizar matriculaciones.
También se contemplan consultas vinculadas con el ingreso a casinos, bingos y salas de juegos de azar.
La obligación alcanzará, según las condiciones previstas en el texto, a entidades deportivas, instituciones profesionales, entidades financieras y otras personas jurídicas.
El respaldo de diferentes bloques políticos
Durante el tratamiento legislativo, representantes del justicialismo destacaron el consenso alcanzado.
Las diputadas Lucila De Ponti, Celia Arena y Alejandra Rodenas valoraron la construcción colectiva de una herramienta destinada a enfrentar un problema que afecta especialmente a los hijos de familias donde no se cumplen las obligaciones económicas.
“Hay un enorme nivel de incumplimiento y debemos buscar una solución a esto que afecta especialmente a los hijos”, manifestó De Ponti.
La legisladora agregó que la iniciativa apunta a acompañar a las madres que esperan una respuesta del Estado para acceder a los recursos correspondientes.
Por su parte, Celia Arena destacó la dimensión social y de género del proyecto.
“Damos un paso muy importante y me atrevo a decir que es de género porque recae en las mujeres la crianza de los hijos y en muchos casos sin los recursos correspondientes”, sostuvo.
Una herramienta para mejorar el cumplimiento
El artículo primero del proyecto establece como objetivo promover el cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones alimentarias, priorizando la satisfacción de la deuda y su regularización.
También busca asegurar que la información registrada pueda ser utilizada para adoptar medidas adecuadas que favorezcan el pago de las prestaciones.
La iniciativa pretende superar las limitaciones del sistema actual, que funciona en cinco circunscripciones judiciales.
Con la aprobación unánime de Diputados, el proyecto avanzó en su recorrido legislativo y deberá continuar el trámite correspondiente para que el nuevo registro pueda entrar en funcionamiento.
